La guerra no hace la paz

México atraviesa por una encrucijada en materia de seguridad y procuración de justicia, cuyo corolario es una crisis de derechos humanos y violencia sin precedentes en la historia reciente. Las decisiones que se tomen en esta materia, si no están debidamente consensadas y construidas, pueden derivar en retrocesos y descalabros.

Por ello, distintas voces de la academia, desde el CIDE y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como de la sociedad civil, han planteado la necesidad de una moratoria legislativa para que los temas de seguridad no se legislen mediante albazos, para evitar que esta agenda sea contaminada con visiones partidistas, para que se escuchen todas las voces y se reflexione a profundidad sobre el modelo de seguridad que requiere México.

En este contexto, resulta preocupante el prurito del PRI por sacar adelante, en fast-track, reformas que pudieran resultar contraproducentes, como la de seguridad interior que pretenden aprobar aparentemente este mismo jueves. Y también preocupan los planteamientos regresivos de ese mismo partido en materia de justicia penal o su negativa a consolidar un sistema de procuración de justicia plenamente autónomo.

La reforma de seguridad interior preocupa, en primer lugar, por su problema de enfoque, porque no parte del principio de fortalecer a las instituciones civiles de seguridad, sino de dotar a las Fuerzas Armadas de un marco jurídico para normar su actuación. Pareciera tratarse de legitimar la estrategia de la última década y de normalizar el estado de excepción, antes que de fortalecer el andamiaje institucional de seguridad, procuración de justicia y defensa de los derechos humanos, antes de entender que la guerra no hace la paz.

En segundo término, la reforma del PRI contiene planteamientos riesgosos. Se definen de manera ambigua las amenazas a la seguridad interior, no se prevé ningún contrapeso institucional. Se propone un esquema de opacidad y discrecionalidad en la aplicación de la ley, e incluso se deja la puerta abierta a la represión de protestas civiles.

En tercer lugar, la apuesta del PRI en materia de seguridad interior no atiende a tres temas que, necesariamente, deben estar en la agenda: 1) la calendarización rigurosa del regreso de las Fuerzas Armadas a los cuarteles, como ellos mismos lo han pedido; 2) el fortalecimiento de las policías en los tres órdenes de gobierno con incentivos y metas claras, y 3) el proceso de reconciliación y restitución por las violaciones a los derechos humanos de la última década.

Una moratoria legislativa para la agenda de seguridad es necesaria porque no podemos permitir que la desesperación de un partido político ante la pérdida del poder, derive en retrocesos y descalabros institucionales.

Esta encrucijada exige de decisiones inteligentes, consensuadas y de largo aliento, nos llama a hacer una pausa y reflexionar sobre el futuro que queremos para las instituciones de seguridad y procuración de justicia. Se trata de atender no sólo al papel de las Fuerzas Armadas, sino a todas las dimensiones que impactan en el tema de la seguridad, como el fortalecimiento de las policías, la autonomía plena del sistema de procuración de justicia y la defensa irrestricta de los derechos humanos.

                *Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.