¿Quién merece una pensión?

Los productores están en una situación de alta vulnerabilidad propiciada por los bajos ingresos y por las carencias sociales

El Estado mexicano mantiene una deuda histórica con el sector rural. Los productores del campo son quienes menos ganan, quienes más dificultades tienen para ahorrar, quienes no tienen acceso a la seguridad social y a los servicios de salud, y quienes, generalmente, están condenados a trabajar hasta sus últimos días.

El grave rezago que nuestro país tiene en materia de seguridad social se agudiza ampliamente en el campo, donde los productores se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad propiciada por los bajos ingresos y por las carencias sociales, que reproducen un círculo vicioso de marginación y falta de oportunidades.  

De acuerdo con la información pública disponible, en México existen alrededor de 16 millones de trabajadores rurales (CEDRSSA), de los cuales, el 60 por ciento tiene 40 o más años y el 10 por ciento entre 75 y 85 años (Inegi).

La mayoría de los trabajadores del campo padece la problemática de la informalidad, por lo que no tienen acceso a diversos derechos laborales; por ejemplo, sólo 7 de cada 100 trabajadores reciben aguinaldo. Aunado a ello, los sueldos que se perciben no llegan a los tres salarios mínimos diarios. Por si esto fuera poco, la carencia social más sobresaliente y casi generalizada en el campo es precisamente no tener acceso a la seguridad social, es decir, a una pensión para el retiro.

Este panorama, en términos reales, implica que los trabajadores del campo no sólo están imposibilitados para acceder a la canasta básica, sino que además no pueden ahorrar para su retiro y tampoco cuentan con acceso a una pensión digna.

Para contribuir a enfrentar este problema, los Diputados Ciudadanos presentamos una iniciativa para crear un Fondo de Pensión Rural en la Ley del Seguro Social, un instrumento de acceso universal a la seguridad social para el campo mexicano.

Esta Pensión Rural se ajustaría a la Línea de Bienestar fijada por el Coneval y podría tener un costo anual de 36 mil millones de pesos, un monto similar a lo que el gobierno federal ha gastado en publicidad gubernamental. La pregunta no sólo es si hay dinero suficiente, sino cuáles son las prioridades del Estado.

Si queremos discutir con seriedad las políticas públicas para combatir la marginación y la desigualdad en México, tenemos que atender la grave situación por la que atraviesa el campo mexicano, y muy particularmente a esta falta de acceso a un retiro y a una pensión dignas. Este es un primer paso fundamental para enfrentar la pobreza y falta de oportunidades en nuestro país.

No deja de ser contrastante que en la evaluación de la política social nacional nadie se pregunte ¿cuál es la justificación, desde el punto de vista del combate a la desigualdad, de mantener pensiones millonarias para los expresidentes de la República, mientras el Estado, históricamente, no ha sido capaz de garantizarles a los trabajadores del campo la posibilidad de tener un retiro y una pensión dignas? Nuevamente hay que preguntarnos cuáles son las prioridades.

POSDATA. Hoy comparece en la Cámara de Diputados el titular de la Sagarpa. Ya veremos qué tiene que decir sobre este tema.

             

 *Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

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