Desaparición forzada: una gran deuda del Estado mexicano

Después de más de 30 mil personas desaparecidas, de las numerosas recomendaciones de organismos de derechos humanos, de los incontables y enérgicos llamados de las víctimas que exigen verdad y justicia, finalmente será aprobada este jueves, por la Cámara de Diputados, la ley general en materia de desaparición forzada.

No es exagerado decir que esta nueva ley representa una de las evoluciones más importantes de nuestro sistema jurídico durante los últimos años. Al menos dos experiencias como legislador, una en el ámbito local en el Congreso de Jalisco, y otra a nivel federal en la Cámara de Diputados, me han mostrado que hasta hace muy poco, la indolencia y negligencia seguían privando en torno a la desaparición forzada.

Hace apenas tres años había quienes cuestionaban que el delito de desaparición forzada debiera ser considerado como un delito imprescriptible o como un delito que debe perseguirse de oficio por las autoridades. Hoy, afortunadamente, esos temas ya no están sujetos a controversia.

Hace un año, durante la comparecencia del secretario de Gobernación en la Cámara de Diputados, un servidor le hizo notar que la grave crisis de derechos humanos resulta insostenible, y requiere, fundamentalmente, del reconocimiento por parte del Estado. La respuesta que obtuvimos en ese entonces fue que no existe una crisis generalizada, sino casos específicos.

Para Movimiento Ciudadano, una herida tan profunda como las violaciones a los derechos humanos de la última década, requiere, necesariamente, del reconocimiento de parte del Estado, y de examinar el papel que éste ha jugado, ya sea por acciones u omisiones. La nueva ley en materia de desaparición forzada, aunque será un instrumento perfectible, es un paso en la dirección correcta.

Si bien se trata de una evolución de nuestro andamiaje jurídico para defender los derechos humanos, quedarán algunos pendientes de suma relevancia. Primero, de cara a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, resultará primordial destinarle los recursos suficientes, que según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, ascienden a 441 millones de pesos.

El siguiente paso es que el Estado mexicano acepte las competencias del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, para que las víctimas puedan presentar quejas ante el mismo. Acabar con el ciclo de violaciones a los derechos humanos, además de una nueva ley, requiere demostrar voluntad y apertura para ser escudriñados por instancias internacionales.

En resumen, no podemos permitir que sobre esta ley prevalezcan las mismas inercias que han vuelto inviables otras legislaciones en materia de derechos humanos. Esta nueva ley debe contribuir a poner un alto al ciclo de impunidad que ha marcado la crisis de derechos humanos en México y, sobre todo, debe servir para restituir a las víctimas su derecho a la justicia y a la verdad.

La cifra escalofriante de desaparecidos en México, que es más alta que la arrojada por algunas dictaduras latinoamericanas del siglo pasado, o casos trágicos como el de Ayotzinapa, serán cicatrices en la historia de nuestro país. Hoy lo que México necesita es no olvidarlo y construir un camino para la no repetición de estos hechos.

*Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.