Financiamiento a partidos y derroche gubernamental

El Frente Ciudadano por México (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano) presentó una iniciativa de reforma constitucional que considera dos temas de enorme relevancia en la agenda pública nacional: la eliminación del financiamiento público a los partidos y una reingeniería del gasto del gobierno federal. 

Muchas voces críticas han señalado los riesgos que la eliminación del financiamiento público a los partidos podría implicar para la vida democrática. Estos señalamientos son atendibles, pero creemos que es viable transitar hacia un modelo de no financiamiento público a los partidos políticos sin lesionar la democracia. Para ello, debemos partir del principio de que no se trata, simplemente, de quitar recursos a los partidos para que los sustituyan por dinero privado, como propone el PRI, sino de que la democracia cueste menos.  

Esto significa superar la etapa de spotización de la política para transitar a la búsqueda del voto informado de los ciudadanos, en donde se privilegien los debates, la confrontación de ideas y la discusión pública, por encima de la mercadotecnia y de la compra del voto. Implica, también, reducir, sustancialmente, los topes de gastos de campaña y fortalecer el esquema de fiscalización al gasto electoral.  

Si nos planteamos los objetivos de que la democracia cueste menos y México tenga las elecciones más austeras de su historia moderna, difícilmente habrá cabida para candidatos y partidos derrochadores o con recursos de procedencia dudosa.  

Sin embargo, los recursos asignados a los partidos políticos representan apenas el 0.12 % del Presupuesto nacional, de modo que una reingeniería del gasto público debe trascender este tema y atender las grandes fuentes de derroche de recursos públicos.  

Por ello, planteamos, entre otras medidas, acotar drásticamente el gasto en publicidad gubernamental, donde el gobierno federal ya contabiliza más de 30 mil  millones de pesos erogados en este sexenio, eliminar los seguros de gastos médicos privados de altos funcionarios, reducir la estructura burocrática tanto del personal eventual como del permanente, e incorporar mecanismos de control parlamentario en las adecuaciones presupuestales, que hoy constituyen una caja negra de discrecionalidad.   

Estos recursos, que podrían alcanzar los 60 mil millones de pesos, deberán destinarse a un Fondo de Reconstrucción Nacional con autonomía técnica y de gestión, que no sea manejado ni por la discrecionalidad del gobierno federal ni por falsos fideicomisos opacos.

Esta propuesta de reingeniería del gasto público va más allá de una coyuntura política o del oportunismo de algunos partidos: busca avanzar hacia un cambio de régimen, abandonado la idea de que el dinero es el principal factor de la democracia. Se trata de asumir el reto de que los partidos dejen de ser una carga, que tengamos elecciones austeras y que el aparato político deje de derrochar recursos. 

ADVERTENCIA. En los próximos días el PRI buscará imponer su iniciativa para eliminar el financiamiento público y dejar la puerta abierta al financiamiento privado de personas morales. Ésta no es una solución para que la democracia cueste menos, sino una simulación con la que buscan convertir a los representantes populares en intermediarios de intereses privados.

*Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.