Una respuesta histórica para los pueblos indígenas

El Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra hoy, representa una oportunidad para revisar la deuda histórica del Estado mexicano con los pueblos originarios y los asuntos pendientes en la tarea de lograr el pleno reconocimiento de sus derechos.

Los pueblos indígenas continúan soportando una exclusión y una discriminación que son graves no sólo por lo que representan, sino porque ciertas conductas que deberían estar erradicadas, ocurren ante la inacción de las instituciones nacionales que no terminan de reconocer y defender a cabalidad los derechos humanos y sociales de los pueblos indígenas. Un ejemplo es la comunidad wixárika del occidente del país, a la que que no se le han restituido sus tierras ni las garantías de seguridad. Líderes y miembros de las comunidades indígenas han sido asesinados o están desaparecidos, sin que se haya esclarecido ningún delito cometido contra ellos durante años.

El presidente Peña reconoció apenas hace un par de días que lamentablemente subsiste un grave rezago social que se traduce en pobreza y marginación en las comunidades donde habitan alrededor de 15 millones de indígenas. Omitió mencionar que de ese universo de 15 millones de personas, hasta ahora, en pleno siglo XXI, sólo seis millones reciben del Estado los servicios básicos como agua y energía eléctrica. Tampoco mencionó que esta discriminación también es institucional y jurídica; es decir, no hay un reconocimiento cabal de sus derechos colectivos ni garantías para la protección de sus derechos.

La Constitución reconoce a las comunidades indígenas como “entidades de interés público”, lo que significa, esencialmente, que son objeto de interés, más que sujetos de derecho. Esto propicia un régimen de asimetría porque los gobiernos de los estados deben definir las características y alcances de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, lo que ha llevado a contar con leyes avanzadas y otras muy atrasadas en perjuicio de los pueblos indígenas. Su condición jurídica de “entidades de interés público” se sustenta en una visión paternalista y sustentada en el principio de integración, no en el de reconocimiento.

Esta Legislatura ha aprobado algunas leyes que representan un avance importante, aunque insuficiente. Hace dos años, el Congreso aprobó una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para definir que en sus transmisiones los concesionarios de radio puedan hacer uso de las lenguas nacionales, y no se privilegie en las emisiones el español ante las lenguas indígenas. Sin embargo, aún está pendiente la reforma mayor a los artículos 2 y 27 constitucional para su reconocimiento como “sujetos de derecho”, tal y como lo estipulaban los Acuerdos de San Andrés.

La propuesta que presentamos reconoce la libre determinación como el derecho de los pueblos y comunidades indígenas para autogobernarse, tener su propia identidad y decidir sobre su vida presente y futura.

Ante una deuda histórica, la respuesta del Estado debe ser histórica. No pasemos en México otro Día Internacional de los Pueblos Indígenas, sin reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho.

*Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.