La otra agenda ciudadana

La defensa de los consumidores es una agenda ciudadana, un frente de batalla en el que se reproducen abusos y atropellos que los ciudadanos, como usuarios cotidianos de servicios, tienen que sortear. Un frente en el que los consumidores son vulnerables o se encuentran indefensos, y en el que el Estado está ausente o se muestra sospechosamente permisivo. En un escenario como éste no puede haber un pleno ejercicio de la ciudadanía, porque los atropellos a los consumidores son la otra cara de la moneda del abuso de poder.

La defensa de los consumidores debe ser entendida como un espacio fundamental de acción para fortalecer el Estado de derecho y reconstruir la confianza ciudadana. Los partidos políticos tradicionales y las distintas administraciones gubernamentales han soslayado esta agenda, ya sea porque prefieren satisfacer intereses de oligopolios o porque sencillamente no conciben los alcances y la relevancia de esta agenda. Así pues, los abusos e irregularidades en sectores como la aviación, las telecomunicaciones o los servicios financieros son la constante en nuestro país.

Apenas hace unos días entraron en vigor las reformas en materia de derechos de usuarios de aerolíneas comerciales, una larga batalla que diputados de todas las fracciones parlamentarias dimos durante los últimos meses. Entre las modificaciones más importantes, vale la pena destacar las penalizaciones por retrasos y cancelaciones de vuelos, los controles más estrictos contra los cargos adicionales “ofrecidos” por las aerolíneas y el derecho de los usuarios a transportar una cantidad de equipaje sin costo, entre otros.

Aunque es cierto que el porcentaje de mexicanos que viaja en avión es todavía reducido, estas reformas son de trascendencia porque en la aviación comercial es donde se reproducen, de manera más notable, los atropellos y abusos contra los consumidores, por lo que esta victoria, además de sus consecuencias legales, tiene un importante componente simbólico en la agenda de defensa de los consumidores.  

Otros pendientes de esta agenda se encuentran en el sector de la telefonía móvil, donde una serie de vacíos siguen abriendo el paso al cobro de cuotas adicionales a los consumidores; o en el sector financiero, donde recientemente se han denunciado abusos y malas prácticas en el otorgamiento de créditos. Ambos problemas están siendo atendidos con reformas que hemos propuesto los Diputados Ciudadanos. 

Estos y otros temas, vinculados a la interacción cotidiana de los ciudadanos con servicios y productos, deben ser asumidos con seriedad por las instituciones públicas, dado que la defensa de los derechos de los consumidores refleja la existencia de un Estado que privilegia la dignidad de las personas; de un Estado que es capaz de garantizar un trato justo en las relaciones de los ciudadanos con las empresas. Lo contrario, refleja la preminencia de negocios particulares sobre el interés público y la incapacidad o complicidad del Estado.

No pierdo de vista los graves problemas que tiene nuestro país en la relación del poder público con sus ciudadanos: derechos humanos, democracia participativa o rendición de cuentas; pero no por ello podemos dejar de ver en la agenda de los consumidores una vía paralela y complementaria para reconstruir el Estado de derecho, una vía para proteger de manera amplia a los ciudadanos de los abusos de poderes públicos y privados.

POSDATA: Esta columna se tomará unos días de descanso, nos leemos el 2 de agosto.

                *Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.