Los wixárikas en el Estado sin ley

Hace unos días, fueron asesinados Miguel Vázquez Torres y su hermano Agustín, líderes de la comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuax-tlán, en el municipio de Tuxpan de Bolaños, Jalisco.

Esto pudo evitarse si las autoridades hubieran atendido las peticiones, que hicieron distintas instituciones, para proteger a los hermanos. Lamentablemente, como sucede cuando se trata de comunidades indígenas, las autoridades primero ignoran los hechos, después minimizan el conflicto y finalmente intentan criminalizar a quienes defienden sus derechos.

En 1953, una resolución presidencial ordenó la restitución de 240 mil hectáreas a las comunidades indígenas de la región; de estás, han sido invadidas cerca de 10 mil por pobladores de Huajimic, del municipio de La Yesca, Nayarit. A pesar de resoluciones judiciales, como las del Tribunal Unitario Agrario Distrito 56 de Tepic, que han favorecido a las comunidades, los conflictos han persistido. 

Desde 2013, los Diputados Ciudadanos de Jalisco advertimos a la Fiscalía del estado la conflictividad de la zona y solicitamos que reforzara la seguridad de la comunidad. En septiembre, el Congreso de Jalisco aprobó un exhorto que el Ejecutivo Federal no atendió, para suscribir protocolos internacionales que garantizaran la justicia y los derechos fundamentales de los indígenas; en 2014, el propio Miguel Vázquez Torres dirigió una carta al Presidente de la República, explicando cómo el Estado había dejado a la deriva el problema de despojo de sus tierras, “como si esperaran desenlaces trágicos para actuar”.

El 14 de febrero pasado, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un punto de acuerdo de urgente resolución presentado por Movimiento Ciudadano para que Sedatu resolviera el conflicto agrario, y para que Jalisco y Nayarit garantizaran la seguridad de los habitantes de la región.

El asesinato de los hermanos Vázquez es una desgracia, un hecho inaceptable y muestra el recrudecimiento de la violencia en el país contra activistas y defensores de derechos humanos. De acuerdo con organizaciones civiles, el año pasado fueron asesinados 281 defensores de derechos humanos.

Este doble crimen confirma una realidad perturbadora en México, un país hundido en la impunidad: que no han mejorado los mecanismos de protección para activistas y periodistas, pese a que se lo han solicitado instituciones nacionales y extranjeras.

Mientras tanto, lo cierto es que la Fiscalía del estado de Jalisco no ha logrado explicar con claridad cómo enfrentará este tema, ni ha dado las garantías y la certidumbre de hacer valer el Estado de derecho y la seguridad en la región.

El asesinato de los hermanos Vázquez Torres —como el crimen contra Javier Valdez y más de 30 periodistas asesinados en los últimos cuatro años— es responsabilidad de las autoridades estatales y federales que continúan sin asumir con seriedad y responsabilidad la protección de los derechos humanos.

                *Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.