Fiscalías estatales, a la deriva

La seguridad pública y la procuración de justicia son tareas cruciales que, además de reclamar un adecuado andamiaje institucional, requieren de autoridades con visión de altura y despojadas de intereses partidistas y particulares. En distintas entidades federativas han surgido los modelos de fiscalías estatales, donde se presenta la acumulación de funciones de policía preventiva, policía investigadora y procuración de justicia en una sola institución. Este esquema de organización hoy existe en entidades como Chihuahua, Jalisco y Nayarit, entre otras.

Este modelo parte del principio de que la alineación de las distintas funciones de seguridad y procuración de justicia dotarán de mayor congruencia y contundencia a las acciones de combate al crimen y a la impunidad.

Algunas de las dudas que este modelo ha generado es que privilegia lo punitivo y la persecución penal por encima de la prevención y la atención de las violencias sociales. También se ha puesto en duda su eficacia para implementar políticas diferenciadas de atención a los delitos, dejando en muchas ocasiones un vacío en los delitos de alto impacto y con ello profundizando los índices de impunidad.

Uno de los principales argumentos esgrimidos para concebir y poner en funcionamiento las fiscalías generales estatales fue que servirían para abatir los altos índices de impunidad. Sin embargo, hoy somos testigos de que estos índices no se han reducido, sino que se han mantenido intactos y en algunos casos, como Jalisco, se han incrementado, en donde hoy la cifra negra es de 95%, mayor a la media nacional.

Las fiscalías estatales han sido víctimas de su propio origen: la concentración de funciones y atribuciones, sin los debidos contrapesos y mecanismos de rendición de cuentas, han traído no sólo fallas institucionales, sino que también han incidido de manera negativa en las políticas de combate al crimen y a la impunidad.

En este contexto, hoy destaca el estado de Jalisco, donde la Fiscalía General del estado, con apenas cuatro años de existencia, ha caído en prácticas cuestionables e incluso con tintes partidistas, que lo único que están provocando es una crisis institucional y el aumento en los índices de impunidad.

El actuar del fiscal general ha propiciado una falta de coordinación con el resto de órdenes de gobierno, y en consecuencia ha desatado un clima de impunidad al dejar en libertad a presuntos delincuentes detenidos por autoridades municipales. Como ejemplo de lo anterior, valga mencionar la liberación irregular de uno de los líderes de robacoches más buscados en el estado, que fue detenido por la policía municipal de Guadalajara y dejado en libertad por la fiscalía estatal seis días después, aún sin justificación ni responsables de esta falta. Irónicamente, el robo de coches con violencia en Jalisco se ha incrementado en casi 60% desde la creación de la fiscalía.

La deriva en la que están cayendo las fiscalías estatales debe prender los focos de alerta, y más si pretendemos discutir reformas en materia de mando policial y de seguridad interior, pero, sobre todo, si realmente queremos atajar la impunidad y los crímenes que más lastiman a los ciudadanos. No perdamos de vista el fracaso de la fiscalía de Nayarit, cuyo titular hoy está detenido en Estados Unidos; no dejemos que pase más tiempo para revisar este modelo.