¿Y la ley de protección a periodistas?
A la sociedad, a cada miembro y parte de ella deben importarle estos asesinatos, porque al morir un periodista, muere también
una parte de la libertad de expresión de un país.
Entre marzo y abril, en México fueron asesinados cuatro periodistas, un grave aumento proporcional en un país donde entre 2000 y 2017 han caído con violencia más de 100 comunicadores. En esta administración se han registrado los niveles más altos de agresiones contra la prensa y, de acuerdo con la organización Artículo 19, sólo en los primeros nueve meses de 2016 se reportaron 10 reporteros asesinados: en promedio, un periodista muerto cada treinta días.
El viernes 14 de abril, Maximino Rodríguez Palacios, reportero en La Paz, Baja California, fue asesinado a balazos y sólo unos días antes habían muerto de manera similar los periodistas Miroslava Breach, en Chihuahua; Ricardo Monlui, en Veracruz, y Cecilio Pineda, en Guerrero. Estos asesinatos, los más recientes entre los 104 reporteros ejecutados en los últimos 17 años, nos llevan a preguntarnos: ¿De qué sirve una ley de protección a periodistas en México, si los representantes de la prensa siguen siendo cazados de manera vergonzosa sin que las autoridades hagan lo mínimo indispensable para impedirlo? ¿Qué acciones podemos emprender para exigir las leyes y las herramientas necesarias para detener estos crímenes?
“El gobierno mexicano ha reconocido la muerte de todos estos periodistas sin ruborizarse ni mencionar que pocos son los crímenes resueltos. Ha sabido evadirse de la crítica internacional, presumiendo leyes que federalizan los crímenes contra periodistas, mecanismos de protección que consumen recursos sin resultados y fiscalías para la atención de delitos contra la libertad de expresión que no han resuelto satisfactoriamente un solo caso”, dice la periodista Elia Baltazar, fundadora de Periodistas de a Pie, una organización que en los últimos años ha entrenado a comunicadores de todo el país para protegerse y trabajar con víctimas de la violencia. “El mensaje de la impunidad es que matar periodistas no tiene costo y cualquiera puede hacerlo. En todo caso, ¿a quién le importa que se resuelvan los crímenes contra periodistas? ¿A quién le importa la verdad?”.
La respuesta a esta pregunta inquietante debería ser clara: a la sociedad, a cada miembro y parte de ella deben importarle estos asesinatos, porque al morir un periodista, muere también una parte de la libertad de expresión de un país, es decir, la posibilidad de que un comunicador cumpla su tarea de investigar e informar a los ciudadanos lo que ocurre en su entorno y de qué manera afecta su vida.
Los cuatro asesinatos de marzo y abril representan una vergüenza para el gobierno federal: la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y los mecanismos de protección creados para defenderlos son letra muerta y un rotundo fracaso que los convierte por inacción en cómplices de la muerte de los comunicadores, en especial aquellos que en los estados del país han puesto en juego su vida para cumplir la misión de contar a la sociedad lo que sucede a su alrededor.