La generación de la corrupción

Hace unos días, cuando la Fiscalía de Chihuahua iba tras él por delitos de corrupción en el gobierno de César Duarte en Chihuahua, Antonio Tarín García hizo el intento de protestar como diputado federal suplente del PRI, con el propósito de obtener el fuero que lo protegiera de la justicia. Tarín fracasó, pero tuvo otra idea perversa: buscar y encontrar refugio en la Cámara de Diputados, la casa de las leyes en México, donde su partido le ayudó a evadir la justicia.

La burla de Tarín representa uno de los ejemplos más simbólicos de la impunidad: en México un político puede escudarse en argucias legales e institucionales para encubrir o sortear las consecuencias de sus posibles actos fuera de la ley, y después escapar de la justicia, usando como tapadera a las instituciones del país.

Antes y después de esas horas vergonzosas en que el PRI protegió una vez más a un político en el Palacio de San Lázaro, la Fiscalía de Chihuahua emitía una orden de aprehensión contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, quien siguió los mismos pasos de su compañero de partido Tarín para fugarse y evadir a las autoridades estatales de justicia.

En esas mismas horas de injusticia, Édgar Veytia, fiscal de Nayarit, un estado gobernado por el PRI, era detenido en San Diego, Estados Unidos, acusado de narcotráfico.

¿Cómo es que México, en pleno siglo XXI, sigue siendo un país de políticos corruptos en fuga? La explicación es sencilla: existe todo un conjunto de leyes escritas y preservadas de manera deliberada —entre ellas, el viejo fuero tan fuera de contexto en la realidad mexicana— para que los políticos puedan gozar de una protección absurda y vergonzosa contra actos ilegales como la corrupción.

A ese conjunto de leyes hechas para evadir la justicia debemos añadir la falta de voluntad política para perseguir a los políticos sucios: Javier Duarte, gobernador de Veracruz, cuya corrupción fue denunciada por distintos medios de comunicación hace más de tres años, tuvo tiempo suficiente para pedir licencia, separarse del cargo y huir con su esposa para evitar enfrentar los cargos que se le imputan.

La única manera de hacer frente y desmontar esta maraña de leyes procorrupción es hacer entender al poder político que este país no tolera más las prácticas corruptas vigentes durante décadas. El año pasado, más de 600 mil ciudadanos hicieron uso de sus facultades constitucionales para exigir al Congreso discutir y aprobar un Sistema Nacional Anticorrupción. Los Diputados Ciudadanos presentamos en 2016 una iniciativa para eliminar el fuero, pero el PRI decidió hacer lo que acostumbra en estos casos: utilizar su mayoría para bloquear esta propuesta y congelarla en las comisiones legislativas.

No existe otra manera de desterrar de México a los Tarín, los Duarte, los Medina y tantos otros gobernantes y políticos corruptos, que aprobar las leyes necesarias y hacer funcionales herramientas como el Sistema Nacional Anticorrupción, que paradójicamente ayer se instaló sin el fiscal encargado de combatirla; la razón es un tanto vulgar: los partidos están en una mesa de negociaciones y el nombramiento del fiscal es una de las fichas en juego. Las reglas no escritas que utilizan los partidos para decidir, además de violentar el Estado de derecho, están provocando un daño severo al recién nacido SNA, lo están poniendo en riesgo de ser un elefante blanco más en el ya de por sí abultado aparato burocrático estatal; en una instancia dirigida y controlada por ellos mismos para legitimar la impunidad; en pocas palabras, en una simulación.

La exigencia de los ciudadanos debe ser que el SNA no sea presa de los intereses partidistas, como ha pasado con otros órganos autónomos que se han creado. La falta de fiscal es una mala señal, pero aún estamos a tiempo para corregir. Si no lo logramos, este país seguirá hundido en la corrupción, consecuencia de poner los acuerdos políticos por encima de la ley.