Seguridad interior y la política de drogas
Las iniciativas en materia de seguridad buscan generar un marco jurídico específico para la actuación de las Fuerzas Armadas.
La política internacional de prohibición de las drogas no ha dado los resultados esperados y hoy padecemos, de manera particular en México, las consecuencias de la misma, sobre todo desde diciembre de 2006, cuando se decidió declarar la guerra al narcotráfico, lo que implicó también un proceso de militarización de la seguridad. Desde el inicio se advirtieron los impactos negativos de esta guerra en términos de derechos humanos y se alertó sobre los pocos avances en el fortalecimiento de las capacidades reales del Estado mexicano para hacer frente a los fenómenos de la violencia y el crimen organizado; no obstante, después de 11 años y prácticamente dos administraciones, la estrategia de seguridad no ha sido corregida.
Lo anterior hace indispensable realizar un análisis exhaustivo no sólo sobre las estrategias en materia de seguridad y justicia que ha seguido el Estado mexicano durante los últimos años, sino también sobre las causas estructurales que dieron origen tanto a esta falta de resultados como a las crisis de inseguridad y de derechos humanos que hoy padecemos.
Esta revisión cobra mayor importancia en medio de la discusión de la Ley de Seguridad Interior, porque las iniciativas en esta materia buscan generar un marco jurídico específico para la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad cuando exista una amenaza grave o una perturbación a la paz pública, cuestiones entre las que se encuentran la presencia y actividad del crimen organizado. En pocas palabras, pareciera que la discusión, en los términos hasta ahora planteados, implica la ratificación histórica de la estrategia de seguridad de la última década.
Como lo señaló Jan Jařab, representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, en un reciente foro sobre seguridad interior organizado por la UNAM, la CNDH y el CIDE: estas iniciativas dan un marco de legitimidad a la década pasada y constituyen una “legalización retroactiva de la decisión de sacar (a las calles) a las Fuerzas Armadas en 2006”.
En torno a esta discusión, debemos preguntarnos si ¿la sociedad mexicana está dispuesta a legitimar esta última década?, o bien, ¿está preparada para cambiar el enfoque de combate a las drogas y al crimen organizado y transitar hacia un modelo de fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad? En otros términos, ¿México debe continuar en el actual esquema de criminalización del consumo y militarización de las funciones de seguridad o bien debe migrar hacia una perspectiva de seguridad ciudadana y salud pública?
El debate sobre la Ley de Seguridad Interior no puede estar completo si no incluimos la evaluación y análisis de la política de drogas vigente, la estrategia de combate al narcotráfico y sus efectos transversales en las esferas política y económica, y otros temas que diversos especialistas han planteado como las herramientas y acciones necesarias para fortalecer las instituciones civiles de seguridad.
*Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.