Los derechos indígenas no se regatean

El reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas sigue siendo una de las grandes deudas del Estado mexicano. Hoy los pueblos indígenas no sólo padecen una exclusión insostenible, sino que son víctimas de una discriminación por parte de las instituciones que no terminan por reconocer sus derechos. Jalisco es un ejemplo de ello, por las múltiples ofensas y omisiones que han sufrido los indígenas durante décadas.

Una muestra de ello es la persecución de líderes indígenas, por ejemplo la desaparición forzada aún impune de Celedonio Monroy en 2014, activista que combatía la explotación ilegal de recursos en la Sierra de Manantlán, en un contexto de abandono por parte de las autoridades estatales y conflictos agrarios no resueltos por años. Un año después, personal de la Fiscalía General de Jalisco detuvo y torturó a Gaudencio Mancilla, indígena defensor de los derechos agrarios de la localidad de Ayotitlán, de Cuautitlán de García Barragán, para inculparlo de la creación de una presunta policía comunitaria.

En el Congreso de Jalisco, entre 2012 y 2015, desde la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano emprendimos una serie de acciones para denunciar estos hechos y avanzar en las reformas necesarias para fortalecer el reconocimiento de los pueblos indígenas, proteger sus sitios sagrados, su derecho a la consulta y su calidad como sujetos de derecho, eslabones jurídicos todavía frágiles en Jalisco.

El capítulo más reciente en el que se le ha dado la espalda a las comunidades indígenas de Jalisco, regateándoles sus derechos, ocurrió hace unos días: penosamente, los diputados del PRI y del PAN pidieron que se les sumara a la iniciativa de la bancada de los diputados ciudadanos para reconocer a los pueblos originarios como sujetos de derecho —una iniciativa producto del trabajo y las consultas que iniciamos varios diputados en la legislatura pasada—, pero sólo para tomarse la fotografía con ellos, porque semanas después se abstuvieron de votar la propuesta, que terminó siendo desechada.

La ausencia de esta legislación tiene consecuencias. Desde hace años las comunidades wixárikas del norte de Jalisco y zonas colindantes con Nayarit viven una situación de vulnerabilidad e indefensión, en gran medida por la incertidumbre en torno a la posesión de sus tierras.

Los diputados ciudadanos presentamos un punto de acuerdo, aprobado por unanimidad en el pleno de la Cámara de Diputados, para exhortar a la Sedatu a resolver cuanto antes el conflicto. Es, quizá, un paso modesto, pero significativo en la convicción de que la libre determinación de los pueblos significa comprender que los derechos de las comunidades indígenas no pueden ser regateados por el Estado.

                *Coordinador Parlamentario de Movimiento Ciudadano