Una propuesta simple
Hace ya más de un año que en este mismo espacio se decía: “Es desolador ver el esfuerzo empeñado por tantísimas personas para que mexicanas y mexicanos puedan vivir libres de violencia y en igualdad de derechos. Desde 2009, la CNDH, cumpliendo con la obligación de observancia de la Ley de igualdad entre mujeres y hombres, señaló la urgencia de proporcionar a las instancias municipales para las mujeres certeza jurídica. Hoy, ocho años después, siguen dependiendo, en su mayoría, de un bando de buen gobierno, que, en la medida en que la/el presidente municipal tenga voluntad, se pondrá en marcha este espacio fundamental para iniciar un gran cambio cultural en favor de la igualdad”. Y seguimos en la misma situación. Pura precariedad jurídica
y ya no digamos económica
A los candidatos a la Presidencia o a quienes van tras una curul en la Cámara de Diputados/as o por un escaño en la de senadores/as, ni por casualidad se les ha ocurrido pensar que esta simple y sencilla medida, mandatar a quienes presidirán un municipio, la obligación de instalar un espacio para atender, prevenir y, quizás, erradicar la violencia en contra de las mujeres y las niñas. Está muy fácil propuesta, hará mucho más que salarios rosas, cuartos rosas, autobuses rosas, taxis rosas, vida pintada de rosa, etcétera, por las mujeres y las niñas.
Cada año, el gobierno federal, a través de Inmujeres, apoya para fortalecerlas, canalizando fondos, capacitando personal, aportando insumos para que puedan atender los miles de reclamos de quienes habitan en cualquiera de los más de dos mil 400 municipios. Pero cada año es desolador mirar que a pesar del trabajo realizado, llega una nueva autoridad y a borrar lo que se ha hecho y entonces quizás pasen uno, dos, tres años para que vuelvan a abrirse las puertas de esta importantísima institución.
Las instancias municipales son “dependencias en donde se brinda apoyo, asesoría y orientación a las mujeres, encaminada a la construcción de una cultura de igualdad”. Dice Inmujeres que son importantes para que los “gobiernos municipales atiendan sus necesidades y demandas y reconocer, valorar e impulsar de manera más efectiva la participación de las mujeres, logrando con ello igualdad de oportunidades para todas y todos”.
El objetivo prioritario es trabajar de manera coordinada entre el gobierno estatal y los municipales en materia de derechos humanos de las mujeres e igualdad entre los géneros. Pero ya es cantaleta más que repetida: nadie que tiene privilegios los cede graciosamente, por lo que hay que emprender un trabajo serio de persuasión. Dieciocho años no han sido suficientes. Pocas entidades federativas están dispuestas a enfrentar los retos que supone la igualdad de derechos, aunque si les preguntáramos frente a las cámaras a los gobernadores, todos estarían más que puestos a partir de un “argumento” que nos han repetido hasta el cansancio: “Si mi mamá es mujer, ¿cómo no voy a apoyar a las mujeres?” (Sí, claro, caso rarísimo en la humanidad: ¡su mamá es mujer!).
Parece un tremendo sinsentido que ante la ola de feminicidios la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres no proponga o imponga la modificación a la Ley Orgánica Municipal, para que sea de “urgente u obvia resolución” la puesta en marcha de estas instancias. Si en verdad se pretende erradicar la violencia contra las mujeres, ¿por qué no empezamos por el principio: tener un espacio que las oriente, apoye, acompañe y asesore para superar el rezago que vivimos en materia de nuestro derecho a una educación que fortalezca nuestra autoestima, promueva nuestras capacidades, permita y favorezca la consecución de nuestros objetivos?
Miguel Ángel Arconada dice: “Los hombres no pueden seguir retrasando el cuestionamiento de cuál es su lugar en el proyecto de igualdad, porque éste también debe ser su proyecto. Deben decidir si quieren ser saboteadores, meros espectadores o protagonistas. Deben cuestionarse y decidir su lugar en las políticas de equidad. Y valorar si tienen miedo a que la igualdad llegue a sus vidas”.
Licenciada en pedagogía y especialista en estudios de género