Hay un punto difícil de controvertir en el argumento de quienes se movilizan contra los nuevos exámenes para la permanencia en el Poder Judicial de la Federación y se preguntan: ¿por qué a nosotros sí y a ellos no? Vamos por partes. Antes de la reforma de 2024, debían aprobarse exámenes de aptitud y pruebas prácticas para ser oficial judicial, actuario o secretario proyectista. Quienes los acreditaban obtenían una cédula que les permitía acceder a nombramientos y, eventualmente, podrían conseguir una plaza de base. La reforma, sin embargo, le dio al naciente Órgano de Administración Judicial la facultad de volver a evaluar a estos cerca de 32 mil servidores a través de un novedoso tabulador de conocimientos y simpatías. Los que no alcancen una cierta puntuación deberán someterse a “acciones de fortalecimiento” y evaluarse una vez más. De reprobar ese examen extraordinario podrán ser separados del cargo. El asunto adquiere dimensiones increíbles al considerar que 30% de la evaluación dependerá de las subjetivas valoraciones de los jefes y compañeros de trabajo. Y alcanza proporciones grotescas al considerar, por ejemplo, que varios de los nuevos jueces y magistrados que llegaron a sus cargos en la truculenta elección de los acordeones no tuvieron ni tendrán que pasar por semejante procedimiento. Entiendo la indignación de tantos que saben que estas reglas retorcidas amenazan su estabilidad laboral y derechos adquiridos. Y comprendo que anoche pensaran lanzar el irónico hashtag: #LaMinistraDelPuebloNoPasaLaPrueba.