Se cumplen dos años de unos de los desacatos más grandes de que tenga memoria el México democrático. En el juicio de amparo 1251/2024, la jueza federal Martha Magaña dictó el 30 de agosto de 2024 la suspensión que ordenaba detener la discusión de la reforma al Poder Judicial. A grandes rasgos, determinó que era inconstitucional que el proyecto de iniciativa de ley fuera votado al vapor por la legislatura entrante. Sin embargo, pese a haber sido notificada a las 18:57 horas del 31 de agosto, la mayoría de la 4T hizo caso omiso y aprobó la reforma el 4 de septiembre. El artículo 262 de la Ley de Amparo establece que dicho incumplimiento es un delito. Pero, cosas del México de hoy, quien enfrenta procedimientos y denuncias es la jueza: una de las 900 juzgadoras y juzgadores que hace exactamente un año debieron dejar sus cargos. Martha Magaña decidió entonces tratar de rehacer su vida y partió a Madrid. “Mi convicción permanece intacta: la justicia debe estar blindada frente a la injerencia política”, me dice en la capital de España, en donde, entre otras cosas, ha retomado el estudio del derecho. Tiene 48 años y parecería formar parte de una generación derrotada por la embestida oficial para apropiarse del Poder Judicial. Aunque, después de escucharla, es difícil no recordar aquel aforismo de que la historia nunca dicta su última palabra. “Las decisiones judiciales no pueden dictarse bajo la consigna de no incomodar al poder”, concluye, precisamente, la jueza.