En las próximas horas comenzará a dirimirse lo que quizá se convierta en el primer gran litigio entre el nuevo orden judicial y la exitosa generación de abogados penalistas de las últimas décadas. Fernando Gómez-Mont está al frente de la defensa de Ernesto Ruffo, acusado de delincuencia organizada y contrabando, preso en el penal del Altiplano en espera de que se determine —o se descarte— su vinculación a proceso. Según Gómez-Mont, no existen elementos serios que sustenten esa imputación. Explica que Ruffo es accionista de la empresa Ingemar, autorizada para importar combustible, y que, al amparo de esa actividad, buscaron a la empresa transportista Kevinson —con la que no tenían relación previa— a fin de completar el ciclo de distribución. De acuerdo con la acusación, Kevinson introdujo al país, sin autorización, millones de litros de combustible. De acuerdo con el abogado, Ruffo no era más que un cliente que no tuvo que ver con el hecho material de la transportación. Sin embargo, ahora tratan de imputarle responsabilidad como parte de toda una cadena. “No hay nada, nada, nada que justifique, ni cercanamente, que esa empresa estuviera bajo control de Ruffo, ni que él tuviera conocimiento o beneficio del supuesto delito”, concluye. Nadie de Kevinson ha sido detenido. Si Gómez-Mont está en lo cierto, el nuevo orden judicial habrá estrenado su historia con una infamia.