La saga pionera de la operación justicia para Chihuahua

El presidente López Obrador elogia frecuentemente que su gobierno logró que la ley considere a la corrupción como delito grave. La consecuencia práctica de esto es que ahora, a quienes hayan cometido delitos asociados con corrupción, se les podrá aplicar la prisión preventiva oficiosa, es decir, no se tendrá que demostrar ante el juez las circunstancias en las cuales se cometió el delito e irán a la cárcel. Una comparación de los resultados obtenidos por Chihuahua  —y aún por la federación— en el combate a la corrupción cuestiona que la adopción de medidas regresivas, como la mencionada arriba y peor aún, la equiparación de la elusión y la evasión fiscales con la delincuencia organizada sean indispensables para lograr justicia: castigar a los culpables y avanzar en la reparación del daño a las víctimas.

Sin cambiar las leyes, aceptando las reglas que en muchas ocasiones fueron hechas para proteger la impunidad, el Gobierno de Chihuahua, encabezado por Javier Corral, logró en menos de un año de estar en el gobierno, identificar los esquemas utilizados por el gobernador César Duarte y una red de funcionarios corruptos, para infligir a los chihuahuenses un daño que probablemente supera los dos mil millones de pesos. 27 funcionarios están procesados y sentenciados, la mayoría en la cárcel, ninguno bajo el mecanismo de prisión preventiva oficiosa; de las 61 órdenes de aprehensión libradas, hay 40 órdenes ejecutadas, 21 órdenes pendientes y el exgobernador César Duarte, se encuentra, por lo pronto prófugo de la justicia. En el aniversario del tercer año de gobierno se anunció la formación del Fondo de Reparación de Justicia para Chihuahua, con un monto inicial que supera los 300 millones de pesos. Además de los dineros reintegrados por funcionarios presos,  los recursos también provienen de 203 aseguramientos de bienes inmuebles y otros. De estar en el lugar 26 de los estados con la peor fiscalización, Chihuahua pasó a liderar nacionalmente el tema de fiscalización.

Habiendo detectado durante la campaña electoral el repudio ciudadano a los actos de corrupción del gobierno de César Duarte, lo primero que hizo el equipo de la transición fue dar a conocer una plataforma digital: Denuncia Chihuahua que invitaba a los ciudadanos a alertar sobre actos de corrupción. Se recibieron miles de entradas, algunas de ellas con denuncias muy valiosas, con información y pruebas que sólo podían tener servidores públicos que comprensiblemente no se atrevían a hacer denuncias con su nombre.

La curva de aprendizaje, tan mencionada últimamente, fue de aproximadamente dos días, pues el 5 de octubre, a dos días de tomar posesión, el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes, informó al nuevo gobernador, Javier Corral, que en las arcas sólo había 24 millones de pesos, lo que ni siquiera permitía pagar la nómina del mes. Había que encontrar nuevas formas de aumentar los ingresos y sobre todo, detectar cómo se dio el saqueo a los cofres públicos. Para ello, se formó de inmediato un grupo integrado por la Secretaría de Hacienda, de la Función Pública, la Consejería Jurídica, la Fiscalía General y la Secretaría de Gobierno. El grupo tenía la responsabilidad de coordinar la labor de investigación, allegarse de información y encontrar los patrones y esquemas de las modalidades de corrupción. Para vencer la usual reticencia de la burocracia en recopilar y sobre todo compartir la información, fue fundamental el hecho de que se supiera que para el gobernador Corral, esa información era prioridad. El liderazgo importa.

Aprovechando que Chihuahua cuenta con más de una década de experiencia en el Sistema Penal Acusatorio, la Fiscalía General integró a un número importante de jóvenes agentes del Ministerio Público, policías de investigación y analistas financieros, sabuesos todos, con el incentivo de hacer justicia a los ciudadanos chihuahuenses y aportar esa experiencia al país, pues el esquema se replicó en varias entidades federativas. Ese grupo y servidores de la Función Pública de las áreas de auditoría, investigación, evolución patrimonial y responsabilidades, realizaron una labor compleja, pesadas cargas de trabajo y, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, enfrentaron un clima de hostigamiento y amenazas. La subsecretaría de Ingresos de Hacienda local, detectó 23 esquemas agresivos de evasión fiscal, 365 contribuyentes involucrados, y 113 empresas fantasma.

La experiencia en el Sistema Penal Acusatorio fue fundamental para aplicar con responsabilidad el llamado “criterio de oportunidad” a la hora de investigar y procesar a los inculpados. Para cumplir con el objetivo de hacer justicia, ¿conviene ofrecer al procesado alguna disminución de la pena a cambio de información y pruebas fehacientes de los esquemas de corrupción y sobre todo de los principales responsables? Ha sido con esa información que hay sólidas pruebas de la culpabilidad del ex gobernador César Duarte en el saqueo sistemático del patrimonio de los chihuahuenses. A él, la justicia le llegará y pronto.