Presidente-CNTE-Congreso-EEG, igual a confusión

En La mañanera del 8 de abril, el presidente López Obrador respondió a los retos de la CNTE y de Elba Esther Gordillo, aunque, tal y como lo expresó, queda más clara su idea de retornar al pasado: “Voy a cuidar bien de cómo estaba antes la política educativa de la reforma que llevaron a cabo, la mal llamada Reforma Educativa, y voy a dejar las cosas como estaban" (cito de la transcripción oficial de la Presidencia de la República).

Sin embargo, advirtió: “…no vamos nosotros a estar de acuerdo, el manejo de la nómina, porque no queremos que haya corrupción, no queremos que haya aviadores”. O sea, no vamos a volver a como era antes de 2013, el Fondo de Aportaciones a la Educación Básica no regresará. Es más, a la centralización del pago de la nómina, vía el Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone), AMLO plantea recuperar el control político y administrativo del sistema educativo mexicano: “… porque vamos hacia la federalización de la educación”. El sentido que el Presidente da al verbo federalizar implica centralizar, no al revés, como se definió en la reforma de 1993 y en la Ley General de Educación, donde federalizar es descentralizar.

El punto es que parece que la CNTE ya tiene “hasta el copete” al presidente López Obrador, quien por fin decidió enfrentarla y, de paso, refutar a la señora Gordillo, quien, además de calificar a su proyecto de reformita, desea el retorno de la doble negociación.

La CNTE y la señora Gordillo aspiran a recolonizar el gobierno de la educación básica y los inmensos recursos que ello representa, además de regir sobre la vida laboral de los docentes. El Fone administra la nómina, pero son los estados los que la elaboran, si bien con ciertos controles del Sistema de Información y Gestión Educativa. Lo que el Presidente dice es que la “federalización” implica control total de la nómina, elaboración y pago. Luego, el regreso que plantea es al sistema anterior al Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica de 1992. No había una ley general, sino una “federal” que regía nada más para el gobierno central. Al menos 19 estados tenían leyes de educación propias que no replicaban a la federal más allá de ratificar los principios constitucionales.

La bronca es que el Presidente da como un hecho que su decir puede convertirse en ley. Pero los partidos de oposición en el Congreso lo refutan. Si bien lo respaldan para que ya no admita el chantaje de la Coordinadora —ni de la señora Gordillo—, hacer las leyes es su trabajo, dicen.

El presidente López Obrador enuncia dos premisas para enarbolar su anhelo centralizador, pero es difícil sostener su validez. La primera, “… aquí en la Ciudad de México la educación está federalizada y no hay problema”. Es peliagudo creer que haya concordia entre maestros y padres de familia y que no existan querellas laborales. La mitad de la sección 9 del SNTE milita en la CNTE y también hace paros, marcha y tiene representantes en los campamentos en las cámaras.

La otra, “…si fortalecemos las normales vamos a tener buenos maestros”. En otra ocasión había asegurado que con esa medida ya no sería necesaria la evaluación. ¡Qué bueno que se quiera fortalecer y mejorar a las normales! Vaya que lo necesitan, pero eso es un proyecto de largo plazo. Es un propósito que se arrastra desde 1997 y, según mis colegas que investigan en esos campos, el progreso, si lo hay, ha sido magro.

El sistema educativo mexicano se encuentra en un nudo de contradicciones. Si bien la CNTE, la señora Gordillo y los partidos de oposición en el Congreso tienen claro lo que quieren, en el gobierno y el partido mayoritario, Morena, hay confusión. Por ello, si el gobierno está aturdido por tanta protesta, el asunto en general es más embrollado de lo que parece.

Al paso que vamos, quedaremos en el aire. No habrá nuevas leyes y si el gobierno no respeta las vigentes, menos lo harán las camarillas sindicales. ¡Mala señal!