Un país normal

En Semana Santa, quienes viajan por México parecen hacerlo en un país normal. La Ciudad de México aún luce con jacarandas en flor, sin tráfico. Las atiborradas playas parecen las de cualquier país donde la gente disfruta sus vacaciones.

El país no sólo luce normal, sino, en general, con un ánimo positivo. Aunque probablemente no lo compartan muchos de los lectores de este texto, las encuestas señalan que después del triunfo de AMLO, el país está muy optimista.

El país se ve normal porque viajamos a sus lugares menos violentos. Además, durante la Semana Santa hay un despliegue inusual de las autoridades hacia los destinos turísticos. Hay operativos de apoyo al turista y, sospecho, una señal hacia el crimen organizado de posponer sus peores crueldades para otras ocasiones, si no es que también andan turisteando.

Acapulco es el caso extremo de esta suerte de esquizofrenia. Mientras en la zona turística miles gozan del mar y el sol, en el resto de Acapulco, donde viven quienes atienden a los turistas, la violencia es muy elevada. Es la segunda ciudad con más homicidios del mundo (sólo después de Tijuana), según el Ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo 2018, publicado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

A esas zonas el turista ni se acerca. Como tampoco va a donde el crimen impera y el Estado, para fines prácticos, no existe.

El turismo desbordado de Semana Santa es una muestra del enorme potencial económico del país. Con 129 millones de habitantes y con una población aún joven, según datos del Inegi, hay 30 millones 600 mil jóvenes (entre 15 y 29 años), México es un mercado muy grande. La estabilidad financiera ha permitido un crecimiento en el consumo. En 2017, en México había más de 30 millones de automóviles registrados, frente a los poco menos de 4 millones que había en 1980; en otras palabras, en 2017 un automóvil por cada 4 habitantes, frente a uno por cada 17 en 1980. Según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera de la SHCP, en 2018, 54 millones tuvieron acceso al menos a un producto o servicio financiero, es decir, el 68% de la población adulta de entre 18 y 70 años. En 2012, según la misma encuesta, el 38% de la población adulta tenía algún producto de ahorro o de crédito en instituciones financieras formales. Falta mucho para tener un país menos desigual, pero hay más capacidad de compra que antes.

La mayoría quiere trabajar de forma honesta para brindarle a sus hijos una vida mejor. Esto requiere que el gobierno utilice su poder para construir ese Estado de las izquierdas democráticas europeas que ha conseguido conciliar la democracia con un piso parejo y una mayor movilidad social.

Desgraciadamente, la izquierda en nuestra región suele priorizar el reparto de recursos a su base electoral, no a la construcción de capacidades estatales. Lo primero surte impacto político inmediato. Lo segundo toma tiempo.

AMLO dice que al repartir dinero logrará pacificar al país. Ojalá tenga razón. El costo es que para financiarlo está desmantelando capacidades estatales que llevará años reconstruir y que dejarán de proveer esos servicios públicos que no se notan, hasta que fallan, como el control sanitario que hace posible la exportación a EU sin que hayamos visto una crisis por contaminación por parte de productos nacionales. Más allá de la necesidad de construir un Estado que funcione, está el brindar confianza a los empresarios e inversionistas. La decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco y su estrategia de polarizar a la sociedad genera incertidumbre. Ésta explica la atonía de la inversión privada, motor del crecimiento, única forma de hacer de México un país normal en todo su territorio.