Logo de Excélsior                                                        

La austeridad republicana

Carlos Elizondo Mayer-Serra

Carlos Elizondo Mayer-Serra

Contrapunto

En 2012, en un libro intitulado El uso y abuso los recursos públicos, que coedité junto con Ana Laura Magaloni, documentamos algunos de estos abusos. Por ejemplo: en el 2010, el gasto en alimentos de la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ascendía a 1,820,160 pesos, esto es 4,986 pesos al día, sin contar asuetos y fines de semana. goo.gl/eht6s6

El futuro gobierno ya publicó sus “50 lineamientos generales para el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana”. Es un listado desordenado, con algunas propuestas meramente enunciativas y con otras que implicarán grandes reformas.

Hay algunos puntos muy buenos: “Se limitarán los viáticos al mínimo”; “nadie tendrá guardaespaldas, sólo los encargados de la seguridad”; “no se utilizarán vehículos y otros bienes públicos para asuntos particulares”; “ningún funcionario público podrá ocupar en su domicilio a trabajadores al servicio del Estado…”; “ningún funcionario, sin causa de emergencia, podrá ordenar cerrar calle …”.

Otras cosas ya están prohibidas, pero los lineamientos las recalcan: “No podrá contratarse a familiares”. Habría que completar esta disposición con alguna prohibición relativa a la herencia de puestos de elección popular a familiares directos. “No se puede asistir al trabajo en estado de ebriedad…”. Falta aclarar que dichas acciones deberían suponer la pérdida del empleo, incluido el personal sindicalizado.

Otros puntos suenan bien y son correctos, pero tendrán muchos más costos de lo esperado, como: “No habrá partida para gastos médicos privados”. Esto llevará a pérdidas importantes de capital humano que tampoco podrá comprarlos por su cuenta, dado que “se bajan los sueldos de los altos funcionarios públicos a la mitad de quienes ganan más de un millón de pesos anuales…”. No queda claro si se trata de sueldos brutos o netos. Hay muchos funcionarios pagados en exceso por lo que hacen, pero otros tienen opciones y se irán del servicio público, dejando importantes vacíos en experiencia y conocimiento técnico. Los que se queden pueden tratar de compensar su menor salario con actos de corrupción.

Se oye bien: “Se reduce toda la estructura de confianza en un 70 por ciento de personal y del gasto de operación”. Sin embargo, sin ese personal, en algunas áreas nadie va a hacer el trabajo. El personal sindicalizado no está capacitado para ciertas tareas, muchas veces no tiene la actitud correcta y no se le puede despedir si no hace bien las cosas.

“No se autorizará la contratación de despachos para elaborar (…) cualquier tipo de análisis y recomendaciones que puedan hacerse con el trabajo y la capacidad profesional de los servidores públicos”. Hay mucho robo en la simulación de consultorías, pero hay temas para los cuales el gobierno está rebasado y obrará peor con la disminución de personal de confianza, aunque los restantes laboren “de lunes a sábado y, cuando menos, 8 horas diarias”.

Algunos lineamientos están equivocados: “Se suprimen todas las estructuras y programas duplicados (oficialías mayores, oficinas de prensa, publicaciones, defensorías jurídicas, compras, contraloría interna y otras) y estas funciones o programas se centralizarán en una sola unidad o coordinación, dependiente de la secretaría relacionada con los asuntos en cuestión”.  La congestión en la toma de decisiones llevará, por ejemplo, a perder juicios de toda índole. Esta congestión vendrá aparejada con la descentralización administrativa, es decir, mandar fuera de la Ciudad de México a casi todas las dependencias federales. Esto es costoso y generará descoordinación.

Otros muy riesgosos: “Se reformará la ley para considerar delitos graves el tráfico de influencia, la corrupción […] las penas no permitirán al inculpado la obtención de la libertad bajo fianza”. Si bien urge disminuir la impunidad, ¿hace sentido eliminar la prisión preventiva para un delito tan ambiguo como el tráfico de influencias? Es fácil acusar de esto a un adversario y mantenerlo en la cárcel un largo tiempo mientras prueba su inocencia.

“La Residencia Oficial de Los Pinos pasará a formar parte del Bosque de Chapultepec y se convertirá en un espacio para el arte y la cultura”. Como ha dicho Becerra-Acosta goo.gl/pXfJ8Z, Los Pinos es la Residencia Oficial del Presidente. No puede éste elegir dónde quiere vivir. Hoy tiene resuelto su vivienda, su transporte y su seguridad. Ahora será una complicación extra todo lo relativo a ello.

La burocracia es cara y disfuncional, y requiere austeridad. Sin embargo, algunas de estos remedios pueden resultar peor que la enfermedad.

 

Profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey

Twitter: @carloselizondom

 

 

 

 

Comparte en Redes Sociales

Más de Carlos Elizondo Mayer-Serra