Olvidar al consumidor

Puedo imaginar la reunión de la empresa donde se asigna el presupuesto del año entrante y decidir no abrir más ventanillas ni comprar más máquinas para pagar el estacionamiento en el concurrido aeropuerto. Las colas no son tan largas.
Para qué disminuir la utilidad del fin del año, aunque sea de forma marginal.

Como resultado de esa decisión, en el aeropuerto de Monterrey, en la terminal B, suele haber una larga cola para pagar el estacionamiento en la única ventanilla existente. Esto incluso cuando funcionan, también con largas colas, las dos máquinas automáticas. Cuando están descompuestas, la situación es mucho peor. Entiendo que existe una app para realizar el pago. No parece ser ampliamente utilizada.

El aeropuerto está concesionado a OMA, una empresa privada que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. Según reporte de ésta, en 2016 tuvo un margen neto de 33.9 por ciento, es decir por cada peso de venta ganan casi 34 centavos, aunque los datos públicos no distinguen cuánto es derivado de las operaciones comerciales, aeronáuticas o de los hoteles que operan y administran. Desde la privatización, el aeropuerto de Monterrey se ha ampliado y se encuentra en mucho mejor estado que antes. Sin embargo, podría proveer un mucho mejor servicio. Dado que es un monopolio natural, no tiene muchos incentivos para hacerlo y abusa cada vez que puede del consumidor.

Lo mismo sucede en muchas de las carreteras concesionadas. Llegar a México por la carretera de Toluca después de pagar 125 pesos y encontrar una larga cola es frustrante. La opción de ir por la carretera libre es peor. Se sacrificó la calidad de la vía libre para acomodar la de cuota, con un trazo estrecho y absurdo en la carretera libre justo donde se ubicaron las casetas para la de cuota. Este sacrificio de la carretera pública en beneficio del concesionario es bastante común.

En estos casos, y los cientos que son similares, hay un problema o en cómo se definió la concesión o en que el regulador no hace bien su trabajo. La clave es encontrar reglas que se regulen casi en automático en beneficio del consumidor. En Argentina, la última vez que fui me sorprendió cuántas casetas de pago había y la ausencia de colas gracias a esto. Mi amigo argentino me explicó la regla: si las colas toman más de cierto tiempo se abre la pluma y pasan gratis los autos. Los errores o tacañerías del operador no los tiene que pagar el consumidor.

El extremo que recuerdo de cómo se le puede transferir impunemente al consumidor todo el costo de un mal sistema de cobro fue cuando hace algunos años se descompuso el sistema automático en la autopista México-Querétaro, administrada por la entidad paraestatal Caminos y Puentes Federales (Capufe). Ante una falla en el sistema de lectura de tags, el atorón se hizo inmenso porque muchos operadores de tractocamiones no traen ya efectivo y por lo tanto bloquearon la carretera al no poder pasar. A nadie se le ocurrió simplemente abrir la caseta…. Para qué, si el consumidor no tiene cómo defenderse ante la ausencia de buenas reglas y un regulador competente y con dientes.

Por lo mismo, las carreteras tampoco funcionan bien cuando el gobierno está a cargo de administrarlas. Aunque varias casetas de pago han mejorado, como la primera caseta de la México- Puebla. Otras, como las del libramiento de Querétaro a San Luis Potosí, pueden llevar a filas de varios kilómetros por sentido. ¿Cómo fluye la información a la dirección de Capufe de un atorón recurrente como ése? ¿Saben de él, pero no les importa? ¿O el director está en la comida con sus cuates y nunca se entera?

Ni preguntar sobre los gastos administrativos de más y los sobrecostos por todos lados de cualquier empresa del gobierno. En materia de máquinas de estacionamiento el problema en el aeropuerto capitalino es el opuesto al de Monterrey. Un exceso de ellas, quizás resultado de un contrato caro asignado a un socio o amigo del administrador o porque simplemente no se cuidan los costos. Esta es una de las razones que el margen neto del Aeropuerto de la Ciudad de México es de sólo de 2.2%, frente al 33.9 de OMA y 37.2 de Asur, que administra, entre otros, el aeropuerto de Cancún.

Por ello, si en su viaje de esta vacación de fin de año perdió su tiempo en la caseta o en el aeropuerto, agradezca al gobierno, que está planeando campañas electorales y negocios y no preocupado por regular bien o administrar de forma adecuada la infraestructura a su cargo. No olvide en sus agradecimientos a los empresarios con visión de corto plazo que no han aprovechado la concesión a su cargo para blindarla de presiones políticas en el cambio de gobierno que tendremos en 2018, brindando un servicio impecable. Están abriendo las puertas para que en un futuro alguien busque renegociar o cancelar sus concesiones, para lo cual contarán con el apoyo de los consumidores molestos porque saben que abusan de ellos.

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