Ejecutar o legislar
La lucha contra la corrupción puede ser políticamente rentable. Las élites corruptas son impopulares. Ciertos gobiernos autoritarios pueden ser, incluso, más sensibles frente a la falta de legitimidad y sus gobernantes más proclives a usar el castigo —generalmente duro— contra los corruptos, como una forma de consolidarse en el poder
Así lo hizo Xi Jinping desde su llegada al poder en China, hace cinco años. No cambió leyes. Las ejecutó. Su celo anticorrupción fue usado con más dureza contra sus enemigos, pero la transformación que parece haber logrado no es menor. Más de 1.3 millones de funcionarios corruptos han sido sancionados. Sólo en 2016 fueron arrestados 300 mil. La campaña anticorrupción desplomó la demanda de ciertos productos de lujo que consume la élite china, como abulón y aleta de tiburón.
El fin de semana pasado, Mohammed bin Salman, el joven heredero de la corona de Arabia Saudita, fue nombrado presidente de un recién creado comité anticorrupción. En 24 horas había arrestado a cerca de 11 príncipes y varios ministros y exministros. Son sus enemigos políticos. Está por verse si logra consolidarse en el poder. Sin embargo, combatir la corrupción es indispensable para poder transformar al reino de un estado petrolero y lograr una economía más diversificada. Una élite corrupta hace imposible esa modernización, por no tener las capacidades burocráticas y por el costo de andar enriqueciendo a tanto abusivo.
Ambos son países autoritarios y en ellos el ciudadano tiene pocos derechos. México es distinto. Aquí hay que probar la acusación y el juicio de amparo da para proteger a quien tiene un abogado competente casi siempre. Lo revelador es que en las Cortes de Texas han castigado a varios exfuncionarios del gobierno de Humberto Moreira, que hasta devolvieron parte del dinero sustraído sin que en México pase nada.
La corrupción ha sido el gran aglutinador de la lealtad política. Lo era en el PRI de los años autoritarios. Lo es aún más ahora que requieren ganar elecciones y, para ello, se necesita mucho dinero. La alternancia no limpió el sistema político mexicano. Ningún funcionario importante acabó en la cárcel después del 2000. La democratización del sistema ha llevado a que los antiguos partidos de oposición, que ya han pasado a ser gobierno, participen en el mismo juego. El regreso del PRI al gobierno federal se forjó desde el Estado de México con todos sus vicios.
La falta de voluntad política para enfrentar a los culpables es evidente frente a la red de corrupción que Odebrecht tejió a lo largo de América Latina. Salvo en Venezuela y en México (en ambos se despidió al fiscal que parecía estar interesado en perseguir el presunto delito), en la región hemos visto acciones contundentes de los órganos de procuración de justicia. Sería muy extraño que en México, Odebrecht hubiera ganado grandes contratos para realizar obra pública y no hubiera ofrecido dinero en el proceso electoral de 2012.
Con todo, no basta una presunción. Hay un debido proceso que se debe seguir. Al renunciar a la PGR, el entonces procurador Cervantes dijo haber dejado lista la averiguación al respecto. Nada se ha sabido al respecto, pero el gobierno, lo ha dicho el vocero presidencial, no ha querido negociar la inmunidad a los brasileños que revelaron la información del caso en el resto del mundo, como lo han hecho en los países que sí han actuado. El vocero no habló de inmunidad, sino de impunidad, misma que se garantiza para las contrapartes mexicanas sin ese acuerdo que es el que da la información de quién recibió el dinero en México.
Llevamos todo un sexenio legislando en materia de lucha contra la corrupción. Siempre es la salida más socorrida para tratar de enfrentar los problemas políticamente complicados. A veces no hay de otra, como en la Reforma Energética. En materia de corrupción o de seguridad, sin embargo, se puede empezar con ejecutar las leyes que ya existen.
En México se optó por cambiar las leyes y crear el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) bajo la promesa de que las acciones vendrían ya con el nuevo marco legal. No ha sucedido. La excepción ha sido en entidades donde el partido en el poder fue derrotado. El encarcelamiento de Guillermo Padrés, exgobernador de Sonora por el PAN y de Javier Duarte en Veracruz y Roberto Borge en Quintana Roo, ambos del PRI (más las denuncias contra el otro Duarte, de Chihuahua, también del PRI) parecen haber fragmentado la coalición PAN-PRI que tantas leyes ha reformado desde el 2000.
Este gobierno ya no hará gran cosa en la materia. Falta ver si en la campaña electoral algún candidato hace una propuesta seria para combatir la corrupción, captura el interés del electorado y luego actúa. Hay temas aún que legislar. Pero la clave está en la ejecución y en la voluntad política para actuar.