Las autonomías y sus riesgos
En la época clásica del PRI, el Presidente de la República controlaba los tres poderes de la Unión. No lo podía hacer siempre ni en todos los casos, pero sí en los importantes. Hace 25 años nos dio una muestra de ello: expropió la banca con el poder de su firma. Cambió la Constitución para hacer de la banca una actividad reservada al Estado. La Suprema Corte utilizó esa reforma para, servilmente, justificar el sobreseer al amparo de los banqueros, aunque fuera una reforma posterior al acto expropiatorio.
La pérdida del monopolio del PRI hizo posible la separación de poderes. También creó nuevas autonomías en áreas donde se creyó que no era deseable que el Ejecutivo tuviera todo el poder. Tras la expansiva política monetaria que inicia con el gobierno de Echeverría y que llevó a una severa crisis macroeconómica, en 1994 se le da autonomía al Banco de México. El Ejecutivo quedaba fuera del control de la política monetaria. Tras la “caída del sistema” en 1988, cuando los votos los contaba directamente una dependencia de la Secretaría de Gobernación, entonces presidida por el hoy senador del Partido del Trabajo, Manuel Bartlett, la oposición logró, tras una larga batalla, un IFE autónomo en 1996, para que no fuera el Ejecutivo quien organizara a modo los procesos electorales. Hoy hay en México seis órganos constitucionales autónomos.
La autonomía del Banco de México ha sido respetada por el gobierno, aunque no ha enfrentado a un Presidente cuyo objetivo sea una política monetaria expansiva. En el ahora INE y en el Tribunal Electoral, la última voz en materia electoral, la autonomía se ha ido diluyendo al imponer en ellos a amigos que deben favores. El PRI ha sido el más eficaz en esa tarea, pero aun el PRI pierde decisiones en estos órganos colegiados.
Ante la incapacidad del Ejecutivo de confrontar la creciente corrupción del país, la oposición (y la sociedad civil) presionó por un Sistema Nacional Anticorrupción, uno de cuyos pilares es la autonomía de las partes que lo componen, en particular la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General de la Federación.
Raúl Cervantes hoy encabeza la antigua PGR. Podrá en automático, si entra en vigor la nueva ley por mayoría simple en el Senado, ocupar la posición de fiscal general por los siguientes nueve años. No debe suceder. Es un amigo personal del presidente Peña Nieto y abogado del PRI durante la campaña presidencial. En México no hay pudor para atender asuntos donde hay conflicto de interés. Cervantes debió haberse excusado de participar en nada relacionado con la investigación de los millones de dólares que altos directivos de Odebrecht dicen haberle dado a Emilio Lozoya en el 2012, en plena campaña electoral. En muchos otros países de la región están en la cárcel los responsables de haber recibido recursos como esos. El fiscal general en Estados Unidos, Jeff Sessions, se excusó en la investigación sobre el presunto intento del gobierno ruso para ayudar a Trump a ganar la elección presidencial. Le encargó esa responsabilidad al segundo de a bordo del Departamento de Justicia. En México, la situación es mucho más complicada, porque todos quienes trabajan para el procurador Cervantes acatan sus órdenes. No hay una burocracia sólida que actúe con base en derecho y que no pueda ser presionada por el jefe para ser amigo de sus amigos.
Cervantes no debe ser ese fiscal autónomo porque en el año que lleva en funciones ha mostrado no tener la capacidad o la voluntad para actuar conforme su puesto lo requeriría. No ha habido un caso importante en materia de corrupción o de otro tipo que haya iniciado por sus acciones. Javier Duarte está en la cárcel por la presión que ejerció el gobierno de Veracruz.
Cervantes ha invadido de guaruras las calles aledañas a donde reside. Le gustan los lujos, financiados, esperemos, por su previa carrera lucrativa de abogado penalista. Tiene un Ferrari rojo registrado en Morelos en un domicilio donde no reside, seguramente para no pagar tenencia. Si la mejor defensa de esto es que fue un error administrativo, la respuesta es en sí misma una razón para dudar de que Cervantes está preparado para el cargo.
Todos los órganos constitucionales autónomos son colegiados. Los errores o manipulación en su nombramiento se compensan en parte por los colegas así electos. En la Fiscalía, una persona concentrará todo el poder. Así debe ser. Es un cargo muy complicado. No hay individuos perfectos, pero Cervantes es casi el perfecto ejemplo de qué características no debe tener el fiscal general de la República. Parece que el gobierno ha desistido de impulsarlo. Ahora esperemos ver a gente valiosa y competente dispuesta a hacerse cargo de la rifa del tigre: la Fiscalía General de la República por los siguientes nueve años. Es hora de sugerir buenos candidatos para el puesto. Van dos nombres: Luis Manuel Pérez de Acha y Agustín Acosta. Un buen nombramiento es sólo el comienzo. Luego viene la tarea de hacer una Fiscalía General que funcione.