Fortalecer el marco legal de seguridad y dar certeza a la ciudadanía

Las significativas declaraciones del general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, la semana pasada, aludiendo a la falta de un marco legal adecuado en materia de seguridad interior, merecen un cuidadoso análisis y exigen una acción sólida y responsable de parte de los poderes públicos.

El Presidente de la República respaldó de inmediato en todos sus términos esta reiterada exigencia de las Fuerzas Armadas, lo que ha venido impulsando desde el inicio de su mandato, no sólo con una iniciativa de reforma legal en este sentido, sino en los más altos foros internacionales.

Diversos sectores han manifestado su coincidencia con el llamado del Presidente para que las Fuerzas Armadas sigan colaborando en la estrategia de seguridad, así lo dejó claro el presidente del CCE, Juan Carlos Castañón, exhortando a que el Ejército y la Marina “no regresen a los cuarteles... hasta que estén listas las autoridades locales y no tengan vacíos de autoridad, pues, de lo contrario, sería muy perjudicial para la sociedad y la convivencia”.

En el mismo sentido, el presidente de la CNDH declaró que “no es el momento de que las Fuerzas Armadas sean relevadas en las tareas de lucha contra el crimen organizado. Principalmente por las condiciones de corrupción en que están inmiscuidas las corporaciones policiacas”. Lo cual cobra mayor relevancia si consideramos que esta institución ha señalado la necesidad de fortalecer el respeto a los derechos humanos por parte del Ejército y la Marina.

Sin duda, estas declaraciones expresan en forma nítida el sentir de la ciudadanía. La cuestión, sin embargo, es que esta delicada encomienda a las Fuerzas Armadas, que ha cumplido ya diez años, ha causado más de mil 200 bajas en las fuerzas federales y armadas entre enero de 2006 y noviembre de este año y cientos de miles de muertes de presuntos delincuentes, sin que el fenómeno de la violencia e inseguridad logre contenerse en definitiva. Es necesario reconocer que, sin la participación de las Fuerzas Armadas, los capos y delincuentes más buscados no habrían sido aprehendidos o neutralizados en el actual sexenio.

El llamado del general Cienfuegos apunta, así, a varios expedientes y procesos abiertos o inconclusos en los ámbitos del Congreso de la Unión, de los tres ámbitos de gobierno y del Poder Judicial, pero también evidencia la complejidad que ha adquirido tan grave asignatura pendiente.

Un factor a considerar en la nueva ingeniería constitucional y legal sobre seguridad es la evidencia del crecimiento del poder de los cárteles mexicanos en el mundo entero, por no hablar del mercado estadunidense. Junto con ello, hay que considerar la diversificación de las operaciones de la delincuencia organizada transnacional al secuestro, la extorsión, el tráfico de armas y de personas y el fraude de identidad, entre una veintena de actividades ilícitas.

Estas reformas deberán considerar también las resoluciones y criterios que la SCJN ha emitido en la materia y realizarse a la luz del compromiso del Estado mexicano con el respeto a los derechos humanos.

En este difícil contexto, el llamado hecho por el líder de la bancada priista en el Senado de la República, Emilio Gamboa Patrón, a celebrar un periodo extraordinario para atender este asunto, tendrá, inevitablemente, que reconocer la necesidad de resolver la iniciativa sobre Mando Único Policial, evaluar los resultados del Nuevo Modelo de Justicia Penal y atender urgentemente la cuestión migratoria.

Estas materias tienen un valor estratégico, demandan la responsabilidad política de estados y municipios y, por tanto, no debemos permitir que se banalicen en el debate partidista de carácter electoral.