El Banco de México, que gobierna Victoria Rodríguez, enfrentará un importante desafío al cierre y comienzo del año, pues se prevé que el transporte de carga impacte directamente en el costo de las mercancías y, por ende, en el Índice Nacional de Precios Productor (INPP) ante la reducción del acreditamiento contra el ISR de 50% del gasto realizado en peajes. Según el estudio sectorial del Inegi, “el comportamiento de las tarifas de este subsector en el INPP está ligado principalmente a la fluctuación de cuatro insumos clave que representan 81.1% de los gastos operativos de los transportistas: combustibles (diésel), refacciones/accesorios, mantenimiento y peajes”.
En el actual contexto de restricción fiscal, ha sido complejo establecer un puente de negociación con las tres áreas de gobierno que inciden en el sector. Con la SICT, encabezada por Jesús Esteva, se ha avanzado consistentemente en exponer la problemática y buscar soluciones a los diferentes puntos de afectación estructural, junto con la subsecretaria Tania Carro. Sin embargo, esta plática no ha ocurrido lo mismo con el subsecretario de Ingresos, Carlos Lerma, a pesar de ser funcionario clave para encontrar solución. El peaje carretero está gravado con 16% de IVA y los 1.7 millones de cruces en carreteras de cuota generan una recaudación de 14 mil millones de pesos en casetas. Basta imaginar el impacto de la decisión que comunicará el secretario de Hacienda, Edgar Amador, para que el pago del peaje carretero se realice digitalmente a partir del 25 de noviembre.
Alrededor de 466 mil cruces diarios corresponden al autotransporte de carga pesada, poco más de 30% del aforo, por los que se recaudan unos 60 mil millones de pesos anuales en peajes, y otro de los temas pendientes es cómo se resuelve que la infraestructura de pago en los cruces está inhabilitada o amañada. Aunque en la mañanera se afirmó, durante el paro, que la medida afectaría a un grupo reducido de “grandes empresas”, no se ha considerado suficientemente su posible repercusión en los precios. La Canacar, presidida por Augusto Ramos, advierte que la decisión de reclasificar la deducción de 50% del estímulo, reduciendo el límite de ingresos acumulables de 300 millones de pesos (mdp) a 250 mdp, afectará entre 1,400 y 1,500 empresas. Se trata de compañías con flotas que facturan entre 250 y 300 mdp y que perderán el derecho al acreditamiento contra el ISR.
La medida no afecta a 98% de los 230 mil permisionarios registrados en el autotransporte de carga. Pero los afectados son flotas operativas de entre 60 y 150 camiones. Su parque vehicular directo se acerca a las 55 mil unidades motrices de carga excluidas del estímulo. Al sumar semirremolques, remolques y dollys, el impacto estimado por la Canacar supera los 80 mil equipos circulando en la red de cuota. El análisis de la Canacar indica que para el transporte de mercancías de larga distancia el impacto de la medida fiscal representa entre 15% y 25% de los costos directos. Al no poder acreditar 50%, las empresas enfrentarán un incremento inmediato de su carga fiscal.
Reducir el límite de ingresos anuales para acceder al estímulo también genera incentivos para limitar servicios o crear múltiples personas morales y mantenerse debajo del umbral. Esto eleva los costos administrativos, aunque el impacto de cruzar el costo fiscal es todavía mayor, pues supera la utilidad marginal del sector. El autotransporte de carga aporta entre 60 y 68% de los ingresos totales por peaje a nivel nacional, equivalentes a 69 mil millones de pesos anuales. Además, paga 5.5 veces más que un automóvil particular por el paso de peaje. Por cierto, esta semana la SICT dará a conocer la reclasificación carretera.
DE FONDOS A FONDO
#SICT… El 5 de noviembre, Tania Carro publicó en el DOF uno de los avances más esperados de la negociación con los transportistas: la ampliación de turnos en las 46 unidades médicas para realizar los exámenes de evaluación y certificación médica. Con ello, al menos 70 mil 704 operadores que no han podido obtener su certificación por falta de “turno médico” en la Dirección General de Medicina del Transporte podrán realizar el examen y concluir el trámite para obtener su licencia federal. Esperemos que el ojo clínico anticorrupción evite que los mañosos hagan de las suyas.
