Para algunos fue sorpresa el que la USTR, de Jamieson Greer, anunciara ayer el inicio del proceso de consultas para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en 2027, cuando, en realidad, es la primera revisión de 16 que podría haber, luego de que en julio pasado decidiera la administración Trump no renovar el tratado en sus términos.
Por ello, las rondas bilaterales que se han mantenido y las que sigan hasta que llegue la última permiten que nuestro país y Canadá (salvo su problemática relación con EU) puedan seguir manteniendo un trato de excepción, justo en el momento en que Estados Unidos está empujando un cambio profundo en las reglas del comercio global.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, no debe, y estimo que la presidenta Claudia Sheinbaum lo apoya, confrontar en estos momentos la postura estadunidense en materia de comercio global, incluyendo el principio fundamental de Nación Más Favorecida de la OMS que fue llevado a la mesa del G20, porque el acuerdo bilateral podría alcanzarse en una o dos rondas más de negociación para lograr el más bajo arancel posible con reglas claras y cumplibles por ambas partes, incluido el mecanismo de resolución de disputas.
El CCE, que preside José Medina Mora, está en constante conversación con el equipo de Ebrard y, sectorialmente, se trabaja con industrias con mayor riesgo arancelario, por lo que la negociación sólo ha dejado atrás al grillerío. Además, los empresarios trabajan con Altagracia Gómez y el embajador Roberto Lazzeri, y Julio Berdegué en el tema agropecuario. En el momentum del cierre de negociación, Commerce, USTR y Treasury están diseñando el sistema de reemplazo de la política de “aranceles recíprocos” que impuso el año pasado utilizando la IEEPA.
Recordemos que ha firmado con 19 países tratados de aranceles recíprocos, pero tras la derrota de su caso ante la Corte estadunidense, utilizó la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que autoriza la imposición de un “arancel temporal a la importación” para abordar “grandes y serios déficits de la balanza de pagos de Estados Unidos”, facultad que está expresamente restringida por un tope de 15% y una duración de 150 días.
Su vigencia venció y desde mayo se ha utilizado la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, que autoriza incrementos (hasta 50%) en los derechos cuando el presidente determina que un país extranjero impone cargas (exceso de capacidad o limitación a las exportaciones de determinados materiales o desventajas como subsidios) al comercio de Estados Unidos (China). México ahí no ha jugado.
También la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, bajo la cual el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) investiga y determina si actos, políticas o prácticas extranjeras son “injustificables” o “discriminatorias” y gravan o restringen el comercio de Estados Unidos y puede recomendar derechos u otras acciones y, en eso, el tema de producción estructural en exceso e importaciones de países donde se produce con trabajo forzado parece encaminarse a imponer el nuevo arancel. Ahí, México está señalado y forma parte de la negociación bilateral en la que la postura de Economía ha sido la presentación de pruebas específica y la corrección de elementos que pueden fortalecer el encadenamiento productivo de ambos países.
Además, la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, que faculta al presidente a “ajustar las importaciones” de un artículo cuando el secretario de Comercio de Estados Unidos determina que las importaciones amenazan con perjudicar la seguridad nacional, nuevamente tras una investigación y un informe, que han presentado en el caso de México, Canadá y China, ligado al tema del narcotráfico de fentanilo, para ajustar el comercio de acero, aluminio (cobre recientemente), semiconductores y cadena automotriz.
Trump ha llevado a EU a un cambio profundo de su política arancelaria y al mundo le ha obligado a aceptar un cambio, pues detenta 15% del comercio global y 25% de su PIB gira en torno al comercio global. México es su principal socio y la mejor alternativa es resolver, dentro de la negociación bilateral, el menor arancel posible fuera del T-MEC y preservar la mayor parte del comercio bilateral dentro de los confines del tratado de libre comercio, aun con aranceles bajos y siempre con acuerdos preferenciales.