Entre los asuntos de propiedad industrial pendientes de resolver en la agenda bilateral México-Estados Unidos, se encuentran dos muy puntillosos porque, al final, representan mercados muy competidos entre las fuerzas que estiran la liberación de patentes y las que buscan proteger al máximo el registro de un innovador, no sólo en industria farmacéutica, sino en el universo de las semillas mejoradas, mercado que, en el caso de México, superó el año pasado los 2,000 millones de dólares anuales.
En este último caso, la USTR, de Jamieson Greer, urgió a la representación de México, encabezada por Marcelo Ebrard, a que nuestro país se adhiera a la Convención Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas de 1991 (UPOV 1991) lo antes posible. ¿Tema complicado?
Puede ser, políticamente hablando, pues, con aquello de la protección constitucional para la siembra en México de maíz genéticamente modificado y la obligación pública de procurar la siembra de semillas nativas en el sistema milpa, puede prestarse a esa lectura. La realidad es que, tanto en el T-MEC como en el TIPAT (CPTPP), y supongo que también en el acuerdo Modernizado con Europa (no lo he revisado) porque la Union Europea es miembro de la UPOV, incluyen compromisos entre las partes que están presionando a México para adherirse al Acta de 1991 de Protección de Semillas, lo que ampliaría los derechos de propiedad intelectual de las corporaciones semilleras, y para los grupos que se oponen obligaría a los agricultores que siembran semillas mejoradas a pagar derechos de propiedad por 25 años, aun cuando la siembra provenga de la cosecha que se separa para guarda, intercambio o venta libre. Digamos que cada resiembra paga un derecho de propiedad.
México es parte de la UPOV, pero sólo se adhirió al protocolo de 1978, a pesar de que tenía un plazo de cuatro años, para armonizar la Ley Federal de Variedades Vegetales vigente en tres puntos esenciales: 1) ampliar la vigencia de exclusividad de 15-18 años actual a 20-25 años, según especie incluida en el Registro del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS); 2) aumentar el alcance de la materia protegida para que incluya no sólo la semilla que se adquiere originalmente a un distribuidor autorizado, sino al producto de la cosecha en el tiempo de vigencia y: 3) incorporar a la ley el concepto de variedad esencialmente derivada. Mire, el punto 12 del T-MEC establece el compromiso del gobierno mexicano de homologar regulaciones y este cambio forma parte, tanto como el relacionado con el sistema de reglas para resolver las disputas de innovadores y genéricos en el tema farmacéutico, de ahí que se espere una batalla política una vez que se prendan las alertas de quienes buscan eternizar el sistema de protección de derecho de “obtentor” en México. Debo comentarle que la ley vigente en México garantiza que las semillas que tienen protección (derecho obtentor), sean nuevas, distintas, homogéneas y estables; pero en donde ha estado la disputa es en el tiempo en el que el corporativo fitomejorador mantiene los derechos de patente durante varios ciclos de siembra y por hasta un cuarto de siglo. Mire, corporaciones como Bayer/Monsanto, Corteva, Syngenta y BASF dominan cerca de 97% de los títulos de obtentor de nuevas variedades y más de 70% del mercado formal de semillas mejoradas en México, y se concentran en la agricultura comercial y los cultivos de exportación.
En el mundo, se considera que la protección de plantas vegetales tiene las mismas condiciones que las patentes, porque normalmente el desarrollo de una variedad innovadora toma entre 10 y 15 años, y se extiende el periodo para que exista el espacio de recuperación de la inversión con el pago de regalías y la prohibición de comercialización de semilla recogida en un ciclo de siembra, pero en México esto implicaría una negociación adicional con productores comerciales que, hasta la fecha, no han cedido.
Y hoy tiene un aliado. Con eso de que se revivió a la Productora Nacional de Semillas del Bienestar (Prosebien), es muy posible que se busquen alternativas de transferencia tecnológica para que el sistema público que, se supone, provee de variedades vegetales resistentes y mejoradas a los pequeños productores del país, tenga alternativas de venta para frijol, arroz y maíz, al que le puso mucho énfasis Julio Berdegué (compromiso 64 de la presidenta Claudia Sheinbaum).