El relevo en la Dirección General de Pemex debiera marcar una diferencia importante para la base de inversionistas que tiene puesto el foco en la capacidad de la empresa estatal de generar suficientes ingresos para cubrir sus necesidades operativas, financieras (incluyendo proveedores) y de inversión, de manera que se observe en este año una reducción efectiva de la dependencia del apoyo fiscal. Para este 2026 recibirá recursos presupuestales equivalentes a 0.7% del PIB, 14 mil millones de dólares, menos de la inyección recibida el año pasado (35 mil millones de dólares o 1.9% del PIB de 2005).
Juan Carlos Carpio conoce no sólo el balance en libros de la empresa del Estado, tiene claro el desafío operativo, y lo que parece que la base de inversionistas y analistas no han asimilado es cómo el saldo de la deuda financiera se contrajo en el primer trimestre 7.3% con respecto a diciembre de 2025 y 19% con respecto a diciembre de 2024, para situarse en 79 mil millones de dólares, considerando que la inyección fiscal se daría a lo largo del año.
Esta reducción no se explica sin las aportaciones del gobierno federal y, aunque operativamente tiene un superávit acumulado enero-abril de 2,165.6 millones de dólares, según el avance presupuestal de Pemex, no es suficiente para compensar la reducción de la deuda observada. Poco se explica por qué hay una pérdida operativa de 88 mil millones de pesos en el primer trimestre en Pemex Exploración y Producción, y hay quienes sostienen que se ha vendido el crudo a menor precio que el de referencia internacional a Pemex Refinación. El logro comentado es que se incrementó en 22% el proceso de crudo y se redujo en 23% la importación de gasolinas.
La ausencia de detalle sobre elementos como éste, sumados al daño reputacional por los accidentes en Refinación y en Extracción, provocan escepticismo sobre la capacidad de Pemex para alcanzar metas operativas que le permitan aumentar su flujo (sin estresar a su red de proveedores) y reducir la dependencia de ingresos fiscales de forma sostenible. ¿Cuánto tendría que ganar Pemex para ser eficiente y rentable?
Este es el argumento principal detrás de las bajas recientes en la calificación de deuda soberana, porque aun cuando se reconoce el incremento de los ingresos fiscales a 19.5% del PIB derivado de una mejor recaudación de impuestos directos a indirectos (derechos y aprovechamientos), el creciente gasto en subsidios sociales y el bajo crecimiento económico hacen que la proyección de la deuda pública se mantenga en ascenso, pese al enorme esfuerzo de consolidación fiscal realizado.
Otros elementos para entender la baja en la calificación —que no son producto del embate de la derecha internacional—también se observa en la degradación de los indicadores de gobernabilidad en México, que se situaron en G-3.
Aunque México ha recibido bajas calificaciones sobre la calidad institucional, la inseguridad, la corrupción y el debilitamiento del Estado de derecho, considerados los renglones principales de debilidad, son los que explican el descenso de G-3, nivel en el que se encuentran las economías calificadas con grado especulativo. Los 12 puntos que la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó como elementos de avance en el programa económico son positivos, pero cuando siempre hay áreas de oportunidad que podrían hacer la diferencia sin menoscabo de la política de gasto social que ha comenzado, hay que subrayarlo, a incidir en la reducción de la pobreza, lo que requiere un país en crecimiento permanente para evitar que sus actores productivos se sientan estrangulados por la carga fiscal o el impago del gasto gubernamental.
DE FONDOS A FONDO
#N2Bis… Se esperaría que, en esta semana, el Banco de México, que gobierna Victoria Rodríguez Ceja, libere las dos regulaciones pendientes para que las aplicaciones de bancos, fintechs, sofipos y todos aquellos que participen directa o indirectamente en el sistema de pagos apliquen los estándares definidos por la autoridad para que sean tan fáciles de usar entre quien paga y quien compra. La otra es el ajuste de los saldos en las cuentas de depósito. Se mantiene la N1 sin obligaciones de registro fiscal o físico en 750 mil udis y hasta 1000 como máximo y, en lugar de la propuesta N3bis, se autoriza una N2bis, con un rango máximo de 12 mil udis, pero de ese monto sólo se podrán recibir en efectivo 3,000 udis en el mes acumulado.