Mientras el sistema financiero mexicano termina de resolver el impacto que provocó la designación del Departamento del Tesoro estadunidense bajo la sección 311 contra CIBanco, Intercam y Vector —tres grupos que, en conjunto, empleaban a cerca de diez mil familias mexicanas—, la coordinación entre Hacienda, que encabeza Edgar Amador Zamora; la CNBV, que dirige Ángel Cabrera, y el IPAB, que capitanea Gabriel Limón, ha logrado superar la crisis, poniendo primero a los ahorradores e inversionistas y a los trabajadores, nunca a los accionistas. Esto establece la ley y no se negocia.
Bajo esa lógica, se autorizó la liquidación ordenada de CIBanco y se autorizó la venta ordenada de activos de Vector, Ci Fideicomisos y CB e Intercam a otros intermediarios, para que clientes que nada tuvieron que ver con las razones que motivaron la acción del FinCEN no perdieran su dinero. Hasta aquí, la historia es de manual de gestión de crisis. Lo que sorprende a las autoridades —y lo que esta columna sigue con atención— es un extraño litigio que tiene visos de presión o chantaje que está ocurriendo alrededor de la venta de CI Casa de Bolsa a Trafalgar International. La operación, incluida en el expediente 5584 para el cambio de control de Ci Casa de Bolsa, se aprobó la semana pasada en la Junta de Gobierno de la CNBV tras ser minuciosamente auditada y revisada.
Transcendió que se ha buscado entorpecer la conclusión de la venta con una demanda de medidas precautorias promovida por C&B Capital (accionista minoritario de Tenedora), que ya ha perjudicado la liquidación del banco por parte del IPAB (y, por ende, al gobierno mismo) porque no puede recibir el dinero por la venta de la casa de bolsa y cada día de nómina cuesta.
El argumento que sostiene C&B —eso dice la demanda— es que un grupo de accionistas minoritarios (menos de 6%) habría sido engañado en algún punto del proceso. Es muy posible que sí. La pregunta es ¿quién los engaño? Seguro no fue Tenedora CI ni sus directivos, porque han cumplido cada paso documental ante la CNBV, el IPAB, el FinCEN y la SHCP.
El engaño, si lo hubo, lo más probable es que sea de los abogados que le ofrecieron expectativas no legales a su cliente o de comunicadores con doble agenda que han alimentado un relato que la Ley de Protección al Ahorro simplemente no podrá satisfacer. La ley protege a los ahorradores, no a los accionistas. Lo que deben saber en C&B, y que no les explicaron sus asesores legales, es que, en una liquidación bancaria, el orden de la predación es ley: primero los ahorradores —protegidos por el IPAB hasta el límite garantizado y con preferencia legal por el resto—. Luego, los acreedores laborales y otros privilegiados con garantía. Después, los acreedores comunes. Y, hasta el final de todo, si sobra, los accionistas. Ésa es la fila. Ése es el orden. Y los minoritarios de Tenedora CI están —les guste o no a quienes les cobran honorarios por hora— en la última posición de la fila. El detalle que vuelve la situación delicada es doble.
Por el lado mexicano, obstaculizar la venta no es un movimiento neutro: pone en riesgo el cobro de alrededor de dos mil trabajadores que todavía dependen de las estructuras de Tenedora CI. ¿Un par de accionistas pretenden cobrar antes que ellos? ¿O congelar el proceso para forzar una negociación particular? Eso ya no es estrategia litigiosa: roza territorio penal y, sobre todo, va en contra de los intereses del Estado mexicano. Por el lado estadunidense, conviene recordar quién designó a quién. FinCEN sancionó al grupo propietario, no a los ahorradores, compradores o a los empleados. Los minoritarios que hoy litigan son, técnicamente, parte del grupo propietario. Cualquier conducta que pueda interpretarse como un intento de extraer valor por encima del orden legal —en una estructura sancionada por el Tesoro de EU— es exactamente el tipo de movimiento que las agencias federales de aquel país suelen mirar con lupa, sobre todo cuando hay activos, contrapartes o abogados con presencia en la jurisdicción.
¿Quién gana, entonces, con este pulso? Como casi siempre en estos casos: el despacho que cobra por hora y aquellos publirrelacionistas por consigna que usan los medios aventando a las patas de los caballos a los accionistas de C&B Capital con tal de beneficiarse. Los empleados pierden, los ahorradores pierden, los propios minoritarios pierden, el sistema pierde. La ecuación es lo bastante transparente como para no requerir mayor comentario.