La importancia de los rurales

Primera parte

Una organización paramilitar relevante en el control y pacificación de la República fue la de los rurales mexicanos. No fueron pocas las veces que Porfirio Díaz, como Presidente de la República, pronunciara un brindis en honor de los rurales, calificados de garantes de la seguridad interior del país. En una ocasión declaró que los agricultores dependían de estos policías rurales para conservar sus propiedades libres de ladrones, y que los miembros del cuerpo eran igualmente los guardianes de mujeres y niños.

El cuerpo de los rurales mexicanos poseía un profundo sentido nacional, ya que eran muchos los miembros que habían formado parte de las guerrillas leales a la República, que combatieron contra los franceses de Maximiliano. Sus uniformes, además, favorecían tal imagen, pues eran trajes de charro, atuendo rural que los mexicanos seguimos considerando representante del “tipo nacional”.

A esta fuerza paramilitar, se le atribuye el mérito de haber dado la paz a la nación, y era indudable que sus miembros habían contribuido a contener el desorden que imperaba en el campo mexicano: capturando bandoleros, vigilando los caminos nacionales, protegiendo a los viajeros contra los delincuentes y participando a veces en trabajos cívicos voluntarios. También se les empleaba en las haciendas para mantener el orden entre los peones oprimidos y en las fábricas, para calmar a los obreros que tuvieran inclinaciones sindicales, funciones en las que los rurales sabían ser tremendos.

Los rurales no fueron creación de un solo hombre, ni una institución mexicana autóctona, sino el producto de una evolución laboriosa que había llevado siglos de pruebas y errores. México adaptó este tipo de organización a sus propios requerimientos, pero las raíces de ésta se encontraban en la España Medieval.

En México, hacia 1703 los vecinos de Querétaro, aterrorizados por el bandolerismo de que estaban rodeados, solicitaron al virrey, duque de Linares, el permiso de establecer su propia fuerza de policía rural, a la cual se proponían atribuir considerables facultades judiciales. El duque accedió y nombró a Miguel Velázquez de Lorea juez mayor de un tribunal especial, cuya sede fue Querétaro y que recibió el nombre de “La Acordada”, porque debía funcionar “de acuerdo con la Audiencia, que era el supremo tribunal de justicia”. Dieciséis años después, el virrey amplió a todo el virreinato el experimento queretano.

La Acordada, era un tribunal ambulante que tenía la facultad de procesar delincuentes, al margen del sistema judicial. Contaba con unos 2,500 representantes que se ocupaban de funciones policiacas o detenían a los acusados no a cambio de un sueldo, sino por el honor y la autoridad que les confería esa posición. En sus primeros tiempos, las actividades de este tribunal se caracterizaron por la rapidez de sus juicios y la severidad de sus sentencias, lo cual le dio una fama que, unida a las quejas de las autoridades locales de que La Acordada usurpaba sus funciones, hicieron necesaria su reforma. Por ejemplo, se reconoció a los sentenciados el derecho de apelación ante la Audiencia o el virrey.

Durante el siglo en que existió, La Acordada juzgó unos 60 mil casos en que hubo más de 62 mil acusados, poniendo en libertad a más de la mitad de ellos por haberles declarado inocentes. A los convictos los sentenciaba a ser azotados, los condenaba a trabajos forzados en obras públicas, el exilio, los entregaba a la Inquisición o a otros tribunales, los mantenía presos en unas condiciones que provocaron la muerte de más de 1,200 de ellos por enfermedad. Asimismo, La Acordada dictó unas 900 sentencias de muerte, ejecutadas en la horca o mediante flechas y como escarmiento, los cadáveres eran exhibidos colgados de un árbol, cerca de la escena del delito.

El problema del bandolerismo en México se intensificó con la independencia. La Constitución española de 1812 había abolido la Acordada, pero la supresión de esta institución, a pesar de todas sus imperfecciones, privó al virreinato de su única fuerza de seguridad pública, precisamente en el momento en que la agitación política había servido de estimulo a una nueva oleada de bandolerismo. El ejército, ante la amenaza de una rebelión general y ya de por si dividido, tendía a ocuparse de conservar la paz más bien en los grandes centros de población y raramente se ocupaba de perseguir a los delincuentes que operaban en despoblado.

De hecho no existía una clara voluntad de combatir a los salteadores de camino real, que muchos consideraban patriotas y no bandidos en la época de la guerra de independencia. Más al lograrse la ruptura total con España, los vencedores dueños de la capital, reconocieron la necesidad de tomar medidas de seguridad pública no sólo para que la nueva nación sobreviviera, sino también para garantizar su propia posición política.

Cuando triunfó en el país la revuelta liberal de 1854, el partido victorioso, dueño del gobierno central, dio principio al período de Reforma, durante el cual la preocupación principal de los gobernantes fueron los problemas de la seguridad interior. Para que el comercio floreciera, los caminos y demás medios de comunicación tenían que ser seguros para viajeros y mercancías, y si México quería atraer capital e inmigrantes extranjeros, elementos esenciales para el desarrollo económico de acuerdo con los liberales, el país tenía que ser pacificado forzosamente. La República tenía que ganarse en todo el mundo la fama de ser estable políticamente, de gozar de seguridad interior, y potencialmente próspera. Teniendo presentes esos objetivos, el ministro de Gobernación, José María Lafragua, puso manos a la obra para atacar la cuestión de la seguridad pública.

El 16 de enero de 1857, el presidente Comonfort firmó el decreto que dio vida a la llamada Guardia Mexicana. Tal como definía su carta constitutiva, las responsabilidades de la organización policiaca fundada por Lafragua, iban desde vigilar la legalidad de los juegos de azar en las ferias, hasta prestar servicios en el Ejército en calidad de unidades de línea. Los funcionarios municipales, altos jueces, jefes políticos y comandantes militares, tenían toda la facultad de recurrir a la nueva guardia para sofocar desórdenes.

Dicha guardia estaba compuesta por pelotones de ocho hombres, tanto a caballo como a pie, cuyo deber era dar seguridad ya fuera en el campo como en las poblaciones. En éstas, los policías que iban a pie apagaban incendios, mandaban a los mendigos a las instituciones de beneficencia e imponían la paz cuando estallaban las grescas. Los de a caballo, patrullaban los caminos que comunicaban unos centros con otros, revisaban los papeles de identificación de los viajeros para comprobar que no se tratara de desertores del Ejército o de presos fugitivos, escoltaban las recuas que transportaban valores y a los dignatarios que viajaban y en general, combatían el bandolerismo.

Don Benito Juárez, a pesar de los continuos ataques de las fuerzas de Zuloaga y de que en repetidas ocasiones se vio obligado a trasladar la sede de su gobierno, no cejó en su determinación de dar a México seguridad interna una vez que con la victoria de los liberales, terminara la guerra civil. A pesar de que las operaciones militares seguían un curso desfavorable a él, cuando su gobierno estaba prácticamente sitiado en Veracruz, Juárez expidió manifiestos en los que señalaba los daños que el bandolerismo en el campo causaba al país, impidiendo el desarrollo económico al desviar el capital y la técnica extranjeros hacia otros países.