No sólo fuerza

Una de las críticas más reiteradas que ha recibido la guerra de México en contra de la delincuencia organizada es que la estrategia está equivocada. No han faltado los retardados quienes piden treguas o voltear hacia otro lado, no se debe seguir perdiendo el tiempo en gente como Vicente Fox y los tontos útiles de los enemigos de los mexicanos.

También están aquellos quienes dicen que no todo es el uso de la fuerza y tienen razón. Es necesario que el gobierno recupere sus dos principales atribuciones: El monopolio del uso de la fuerza y la facultad de cobrar impuestos.

Para el primer tema es necesaria la lucha valiente y determinada que están dando la Armada, el Ejército mexicano y la Policía Federal; sin embargo, es necesario dificultar el camino hacia la riqueza de los delincuentes. Hace un año aproximadamente algunos bancos mexicanos dejaron de recibir dólares, puesto que la exportación de billetes hacia Estados Unidos estaba alcanzando niveles francamente escandalosos. Los bancos detectaron que, involuntariamente, estaban regresando dinero que ya había sido lavado en México a través de tiendas de autoservicio, departamentales, inmobiliarias y joyerías.

Las instituciones de crédito tienen obligación de conocer a su cliente y efectivamente podían comprobar que el dinero que recibían venía de este tipo de establecimientos que, en contrapartida, no deben cumplir esa misma obligación. Se tomaron algunas medidas, pero quedó claro que era necesario dar más pasos, puesto que los miembros de la Asociación de Bancos de México (ABM) tienen suficientes controles como para hacer muy difíciles estas prácticas.

Más allá, la entrada en vigor del Impuesto a Depósitos en Efectivo (IDE) no sólo ha cerrado huecos de evasión fiscal sino que, además, ha dado pistas a las unidades de inteligencia financiera señales claras hacia donde se debería avanzar. Sin embargo, aún falta por hacer y, según parece, hay políticos que están frenando este combate. Si bien ya fue aprobada por la Comisión de Hacienda la iniciativa de ley en contra del lavado de dinero, hay quienes buscan detenerla por muy extrañas razones en la Comisión de Justicia.

La iniciativa, que debería ser aprobada la próxima semana, establece, primero, restringir operaciones con dinero en efectivo. Se prohibiría comprar inmuebles en efectivo ya sea con moneda nacional, extranjera, divisas o metales preciosos. No se podrán pagar en efectivo más de 100 mil pesos en la compra de vehículos, relojes, joyería, boletos de apuestas, sorteos o acciones. Quienes hicieran estas operaciones estarían sujetos a una pena que va de cinco a 15 años de prisión y una multa de entre mil y cinco mil días de salario mínimo.

Segundo, crear nuevas personas que tendrían que reportar operaciones los que realicen concursos, sorteos o juegos; los emisores y/o comercializadores de tarjetas de servicio o crédito; el otorgamiento de préstamos o contratos de crédito; la comercialización de inmuebles; la compra y venta de metales preciosos, joyerías y relojes, así como la venta y arrendamiento de vehículos aéreos, marítimos y terrestres, así como de obras de arte.

También lo tendrán que hacer las empresas de traslado de valores, blindajes, servicios jurídicos y contables, los notarios públicos y corredores.

Quizá los puntos finos se encuentran en los montos; sin embargo, esta iniciativa está en el camino correcto, puesto que, sin lugar a dudas, dificultaría que los delincuentes tengan acceso sencillo a los satisfactores que buscan con sus operaciones en contra de la población.

Pongan atención

Así como es necesario poner muchísima atención en torno a la operación de las calificadoras de valores, también es necesario establecer una férrea regulación en torno a los notarios públicos. Muchos de ellos se han vinculado en operaciones que se encuentran en la frontera de lo ilegal como pueden ser los mal llamados traspasos del Infonavit, donde el notario genera la idea de legalidad en una operación que realmente pone en problemas a las personas. Hay casos todavía más graves. Por ejemplo, el notario 106 de Monterrey, José Garza de la Garza, y su contador Patricio Zambrano fueron aprendidos bajo la acusación de fraude genérico continuado en operaciones inmobiliarias donde bajo diferentes figuras se cometían fraudes en contra de la población.

Regulador caprichoso

Sólo los muy poco informados consideraron como “nota” el que el pleno de la Comisión Federal de Competencia (CFC) determinara que Telmex y Telcel tienen poder dominante en el mercado de las telecomunicaciones. Ya lo habían hecho. El problema es que el “soberbio economista” Eduardo Pérez Motta se impuso sobre el resto de los comisionados y consideró que estas empresas no tenían derecho a este recurso, puesto que no tenían interés jurídico. Como le informamos oportunamente, la CFC perdió en definitiva el amparo y, por lo tanto, tuvo que reponer todo el procedimiento. El lunes dieron el primer paso y, a partir de ahora, se tendrán que desahogar los recursos de reconsideración y demás trámites jurídicos. En un ridículo intento de justificarse, Pérez Motta difundió a través de sus voceros oficiales que no había sufrido un revés jurídico. Independientemente de que Telmex-Telcel recibieron el amparo y protección de la justicia, el procedimiento de dominancia podría extenderse por dos años más. Suponiendo que se tengan que aplicar estas reglas de dominancia y que esto genere problemas a los consumidores, pues entonces se perdieron dos años.