Qué se necesita

El 70% de los asuntos que atiende la CFC tienen que ver con telecomunicaciones.

David Páramo

David Páramo

Padre del análisis superior

Además de cambiar de presidente, la Comisión Federal de Competencia necesita dos cosas fundamentales: un nuevo acuerdo institucional en el cual los comisionados no estén capturados por Eduardo Pérez Motta y un abogado de altísima capacidad.

El 70% de los asuntos que atiende esta comisión hoy por hoy tienen que ver con las telecomunicaciones y, en particular, con procedimientos que se resuelven en tribunales como ha sido la constante en el sector.

Es claro que las estrategias jurídicas impuestas por el “soberbio economista”, incluso en contra de la opinión de dos comisionados, son tan fallidas que hacen que algunas personas insistan que se trata de un plan con maña para favorecer a los dominantes.

El esquema, dicen, es hacer acusaciones que suenan demoledoras con lo que se parece que se está defendiendo la competencia y luchando en contra de las prácticas monopólicas, pero que al final del día se hacen tan mal que permiten al acusado evadirlas y, por lo tanto, logran el blanqueamiento de las prácticas.

Hace unos días le informábamos que quienes asesoran el Presidente de la República en materia de telecomunicaciones recomiendan, entre otros, a Gonzalo Martínez Pous, pues cumple con una doble función: no es un servidor público que trabaje para un grupo o se deje capturar por alguien y es, quizá, uno de los más grande expertos en procesos jurídicos dentro del gobierno en telecomunicaciones. Tiene algunas victorias legendarias y, más allá, jamás nadie ha imputado el jugar con dados cargados.

Felipe Calderón tiene tiempo suficiente para tomar la decisión de cambiar al comisionado que termina su gestión el 14 de septiembre; sin embargo, gente como Bruno Ferrari, secretario de Economía, y Gerardo Ruiz Mateos tienen un diagnóstico claro. Se requiere a alguien con alta capacidad jurídica y que no se deje intimidar.

Versiones preocupantes

Entre las versiones que corren en torno a la detención del sobrecargo de Aeroméxico con 42 kilos de cocaína hay grandes motivos para estar preocupados sobre la seguridad en el AICM y el grado de penetración de la delincuencia en esta terminal aérea.

Algunas fuentes dicen que Rubén García García (quien es piloto de abolengo, su padre también lo fue para la línea que dirige Andrés Conesa) recibió la maleta en la plataforma del aeropuerto, es decir, hubo coordinación para burlar los protocolos de seguridad.

Que llevaba dos maletas. Una con sus pertenencias y con el logotipo de Aeroméxico y la que sólo contenía la droga, es decir, no había ningún intento de ocultar el cargamento.

Se asegura que el descubrimiento no fue hecho por algún filtro de seguridad del aeropuerto de Barajas, sino que miembros de la Guardia Civil Española se acercaron directamente a García García y, directamente, le preguntaron de quién era la maleta.

Siempre siguiendo con esta versión, dicen que el copiloto respondió (intentando bromear) que era del capitán del vuelo, quien rápida y tajantemente se deslindó.

Independientemente de la validez y seriedad de estas versiones, hay índicos suficientes para suponer que hay una red de complicidad dentro de la terminal aérea que debe ser desmantelada por la PGR y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Muy preocupante

El IFE está dando cada vez más y más señales de que lejos de ser un organismo que garantice la seguridad y transparencia de los procesos electorales, se está convirtiendo en un verdadero problema.

Leonardo Valdés Zurita, presidente consejero, parecería que se contagió del mismo mal que Eduardo Pérez Motta. Creen que la autonomía de un órgano, lo convierte automáticamente en su propiedad particular y, por lo tanto, pueden hacer lo que les dé la gana.

Es necesario reiterar que se debe poner una alerta roja sobre lo que está pasando en la medida en que se acerca el proceso electoral de 2012. Valdés Zurita debería comprender que se trata de un organismo ciudadano que no es de su pertenencia y que está sujeto a la ley.

¿Faltará LP?

Jordy Herrera, director de Pemex Gas y Petroquímica Básica, está siendo sujeto a una muy fuerte presión por parte de una gran cantidad de empresas de gas LP, que aseguran que el cambio en la estructura que hizo en la dependencia podría originar problemas de abasto de este hidrocarburo hacia finales del año.

Hasta antes de la modificación, MGI Mex Gas Internacional se encargaba de realizar las compras que, a decir de los denunciantes, se hacía de una manera eficiente y en buenas condiciones.

Ahora estas operaciones se hacen a través de PMI Comercio Internacional. Se asegura que esta empresa está pagando un muy importante sobreprecio y que, dicen, en el extremo podría generar gravísimos problemas.

Lo cierto es que hay un ambiente muy turbio entre Herrera y algunas empresas. Habría que analizar cuáles son las razones.

Fuerza Cordero

Quizá los mejores actos de campaña de Ernesto Cordero no son las reuniones con los panistas o no caer en la irresponsable tentación de las frivolidades de Santiago Creel sino continuar haciendo su trabajo con altos niveles de excelencia. Es claro que el secretario de Hacienda está concentrado en lo importante sin distraerse por el ruido político. No cabe duda que se trata de una habilidad extraña entre los aspirantes a la Presidencia de la República.

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