Administración democrática
A la fecha, las cargas contributivas están mal distribuidasen nuestro país.
Una reforma política, de fondo, no puede sino aspirar a modificar las condiciones de vida de la gente, elevar la calidad de su convivencia y de sus espacios, en suma, todos aquellos elementos que justifican la existencia del Estado y del gobierno. No descender hasta el nivel de calle, hasta cada persona en su contexto, es construir discursos demagógicos y rondar, como muchas veces ha sucedido, en torno a temas que no se convierten ni en normas ni en realidades. Unos de los aspectos en los que la relación entre gobernantes y gobernados resulta más tensa es la administración pública, la prestación de los servicios y la recaudación de ingresos. Es natural, cualquier persona puede experimentar resistencia a entregar parte de su haber para el mantenimiento de lo que es de todos, pero la resistencia se vence —no sólo por la amenaza de la sanción— con la convicción de la necesidad común y el beneficio compartido. Las amenazas mayores para la fluidez en esta relación derivan del cobro inequitativo y el gasto opaco y poco democrático. Una reforma política definitiva debe incluir el sanear esta relación en la que se pueden cifrar buena parte de los problemas de gobernabilidad y cumplimiento de la ley.
A la fecha, las cargas contributivas están mal distribuidas en nuestro país. Somos pocos quienes pagamos tasas muy altas para suplir a los que no contribuyen. Un país donde la base contribuyente es pequeña no puede sino tener un gobierno pobre y una sociedad dividida.
El gasto, por otra parte, también resulta una variable difícil en esta ecuación. Es cierto que, puestos a discutir, todos tendríamos excelentes ideas en aquello en lo que debe gastarse el dinero público, pero existen, sin duda, algunos aspectos en los que seguramente también hay consensos.
Podríamos dividir una idea común del gasto en dos rubros: las necesidades más importantes y los mecanismos del propio gasto.
En cuanto a la materia en lo que debe gastarse, sin duda es importante priorizar la educación y la investigación científica y humanística mucho más allá de lo que actualmente hacemos. Sin fatigarnos con estadísticas dichas hasta el cansancio, bastará decir que es importante alcanzar 2% del PIB cuando menos y que cada centavo gastado en educación ahorra muchos pesos en el futuro que serán gastados para solucionar problemas que podrían haberse prevenido. La tecnologización del gobierno también es importante: archivos digitales, juicios en línea, escritorios y oficinas públicas en internet, son apenas asomos de lo mucho que falta por hacer y, en cuanto al método de gasto, acaso tanto o más importante que el objeto del gasto, debe estar relacionado con su gestión democrática y su transparencia.
El gasto debe ser pertinente, oportuno, pero, sobre todo, satisfacer las necesidades de aquellos a quienes están dirigidos, así, al compartir la responsablidad de la planeación con los ciudadanos se evitan errores que llegan a ser grotescos. Pero no sólo eso, sino que aumentar la conciencia del derecho a las cuentas transparentes incide en que toda la sociedad participa de la gestión económica del Estado y la hace suya al colaborar y recibir los beneficios. Es verdad que se ha avanzado, pero también que todavía falta por hacer, sobre todo en materia de democratización de la gestión pública. A fin de cuentas, lo que necesitamos, urgentemente, es voluntad para emprender la reforma y dejar para después, cuando sea posible, el cobro de las facturas de poder y fama que, hoy por hoy, poco importan.
*Profesor de la Facultad de Derecho
de la UNAM