Calificadoras procíclicas

¿Se ha preguntado alguna vez, quién evalúa o sanciona a las calificadoras de valores? Operan bajo un altísimo grado de impunidad y bajo incentivos que, en el mejor de los casos están equivocados.

De tanto en tanto tienen que resistir, volteando la mirada hacia otro lado, huracanes de opiniones en su contra. En México desde hace más de una década hay quienes hemos cuestionado la operación de estas empresas. En aquella época se respondió, lamentablemente desde la autoridad, que aquellos quienes exigíamos un sistema de rendición de cuentas a estas empresas, estábamos en contra de la transparencia y quién sabe cuántas cosas más.

En 2008 comenzaron a levantarse algunas voces entre algunas autoridades. Para algunos esta crisis demostró que alta calificación no significa bajo riesgo… Peor aún, la calificación depende del interés comercial de la calificadora de valores.

Desde los tiempos de los cuentos de niños se sabe que si el espejito no te dice lo que quieres oír debes romperlo. Las calificadoras se crearon como una forma de los gobiernos de quitarse responsabilidad o, en el extremo, de privatizar un medio de información a los participantes del mercado de valores.

Supuestamente una calificadora está integrada por expertos que, de una manera objetiva e imparcial, emiten su opinión sobre una emisora, papel de deuda. Sin embargo, la objetividad no existe y menos aun cuando el que paga a la calificadora es el calificado.

Básicamente se les pide a las calificadoras que vayan en contra de su interés comercial a cambio de mantener su reputación.

En el mundo ideal, una calificadora ganaría autoridad moral y, por lo tanto, clientes en la medida en que sus opiniones sean objetivas y ayuden a los inversionistas a tomar las mejores determinaciones; sin embargo, el camino que han seguido es el más fácil. Tener contento al cliente hasta que la realidad les estalla en la cara.

La crisis financiera mundial demostró claramente que esa era la práctica común en las calificadoras. En aquel momento se dijo una y otra vez que se tenía que desarrollar un sistema de rendición de cuentas para las calificadoras. Tristemente sólo quedó en declaraciones aisladas de funcionarios de los bancos centrales y de algunos especialistas. Se decidió, simple y sencillamente, ignorar y seguir con un sistema que desgraciadamente favorece a las malas empresas. Es mucho más sencillo pagar por que alguien te diga lo que deseas escuchar que avanzar hacia lo que, en su ideal, deben ser las calificadoras.

En una nueva crisis internacional y en un arranque procíclico las calificadoras se están turnando para “mostrar lo preocupados que están” por la situación internacional.

Standard and Poor’s disminuyó la calificación del gobierno de EU y recibió una extraña andanada. El populista (y terriblemente equivocado gobierno de Barack Obama) reaccionó culpando a esta empresa de la crisis mundial, a pesar de que ellos no fueron quienes abusaron del endeudamiento y dispararon el gasto.

También, convenientemente, se acordaron de los errores o presuntos delitos que cometieron antes de 2008 donde daban buenas calificaciones a papel de empresas quebradas o sin una fuente conveniente de pago.

Ahora que Fitch disminuyó la calificación del gobierno de Japón, la reacción fue culpar a los políticos por su reacción después del tsunami y la crisis nuclear posterior. En el fondo no están viendo realmente cuál ha sido la actitud de esta empresa.

Las calificadoras de valores son desde hace mucho tiempo parte de los problemas del sector financiero internacional.

Sólo aspirinas

Llama la atención cómo el gobierno mexicano está rehuyendo su responsabilidad en los casos donde miembros de tripulaciones se convierten en “mulas” del narcotráfico. La PGR dice que levantó un acta por delitos cometidos en el extranjero en el caso del piloto de Aeroméxico. ¿Sacar 42 kilos de droga por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no es un delito cometido en México? Pretende la autoridad no investigar las redes de corrupción no sólo de la empresa de seguridad privada sino de los agentes de la PGR que permitieron el paso de la droga. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes reaccionó quitándole la licencia de piloto al piloto acusado de narcotráfico (un día antes Aeroméxico ya lo había dado de baja) como si con eso terminara la historia. La dependencia que encabeza Dionisio Pérez-Jácome tiene la obligación de supervisar los aeropuertos y en particular al AICM a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Sin embargo, tiene a un hombre verdaderamente incapaz al frente de esa dirección: Héctor González Weeks ha sido responsable de una muy buena parte de las omisiones que de supervisión que derivaron en que México perdiera, durante algunos meses, la categoría principal de la FAA. Indudablemente fue parte de las fallas regulatorias que permitieron que la administración de Gastón Azcárraga siguiera recibiendo servicios del gobierno y combustible cuando era evidente que no tenían una forma de pago. Es claro que la DGAC es responsable de la operación del principal aeropuerto del país, donde el delito se ha convertido en cosa de todos los días.

Bien Manlio

Mientras algunos frívolos e irresponsables como Santigo Creel tratan de presionar a Ernesto Cordero y por lo tanto dañar al gobierno en medio de la grave crisis que atraviesa el mundo, otros como Manlio Fabio Beltrones muestran una gran altura al elogiar lo que está haciendo bien la administración de Felipe Calderón.