No al clásico: ¡Usted disculpe..!

El buen acuerdo entre el presidente Felipe Calderón y la fracción parlamentaria del PRI para sacar los dictámenes de algunas iniciativas pendientes, depende mucho de cómo se gestionen los “pendientes” de la agenda, pues algunos de los dictámenes que salieron de la Cámara de Senadores tienen “guardaditos” que no generan confianza entre algunos grupos empresariales.

Un caso de esos es la iniciativa de lavado de dinero (que tiene el pomposo nombre de Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita), que justo el día que el pleno del Senado aprobó, le habían borrado el artículo 63 (la iniciativa tenía 68 artículos y quedó en 67), cuyo primer párrafo decía:

“Se requiere de la denuncia previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para proceder penalmente en contra de los empleados, directivos, funcionarios, consejeros o de cualquier persona que realice actos en nombre de las instituciones de crédito, de sociedades mutualistas de seguros, de seguros, de fianzas, de almacenes generales de depósito, de entidades de ahorro y crédito popular, de sociedades financieras de objeto limitado, de uniones de crédito, de casas de bolsa, de bolsa de valores, de sociedades de inversión, de casa de cambio, de administradoras de fondos para el retiro y de sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro, regulados por las leyes financieras, que estén involucrados en la comisión de cualquiera de los delitos previstos en los artículos 65 y 66 de esta ley”.

Mire, el tema es importante porque el martes de reúne de nuevo la Comisión de Hacienda que preside el panista Mario Becerra y, como los activísimos cabilderos de la PGR de Marisela Morales hicieron de las suyas sobre la minuta senatorial para dotarle de poder excepcional al Ministerio Público, todo puede esperarse. Incluso se paralice la iniciativa.

De hecho, en la ABM de Jaime Ruiz Sacristán han estado muy activos para que se recupere el párrafo en un artículo 68 y que tanto el secretario Ernesto Cordero, como su procurador fiscal, Javier Laynez, concreten la inclusión de esta fracción, en congruencia con el régimen vigente de delitos financieros que prevalece en el país.

Mire, el MP puede decir misa y más después de lo que hemos visto en el michoacanazo, el caso Hank o la chica de la UNAM.

La columna vertebral del sistema financiero es la confianza y la SHCP se la ha ganado, porque a través de las comisiones supervisoras del sistema financiero puede allegarse los elementos necesarios para determinar la procedencia de fincar un caso penal sustentado en bases razonables.

¿A qué le tienen temor los ejecutivos financieros? ¡Simple!, a que autoridades ajenas a la supervisión y control del sistema financiero tengan la discrecionalidad de aplicar la ley en contra de instituciones, funcionarios y empleados del sector y se pueda prestar a errores, abusos y extorsiones.

Si se acuerda del asunto Casablanca me entiende bien, porque en el momento en que se inicie una investigación en contra de empleados y/o funcionarios del sector financiero por parte de autoridades ajenas al mismo (tengan o no responsabilidad), con ese simple hecho se daña la imagen y, con ello, la confianza. Esto será particularmente delicado en los casos en que la información sea filtrada a los medios de difusión.

O acaso la procuradora Marisela Morales negará que es frecuente en nuestro sistema de procuración de justicia que se publicite el proceso de investigación y presunta responsabilidad, sin que se logre fincar responsabilidad penal alguna, ocasionando con ello efectos muy negativos en la confianza para el sector, la institución de que se trate y las personas involucradas, con el agravante de no tener manera de reparar ese daño. El clásico “usted disculpe”.

De Fondos a Fondo

Le cuento que el pueblo entero de Ciudad Obregón, Sonora, está de plácemes porque el viernes se confirmó la resolución del Tercer Tribunal Colegiado del tercer circuito, con residencia en Hermosillo, en la que desecha el recurso de queja interpuesto por el Fondo Sonora Sí, contra la juez octava de Distrito, María del Rosario Alcántar Trujillo, por ordenar detener la construcción del Acueducto Independencia (que pretende sacar agua de la presa El Novillo).

La Conagua avaló la construcción del acueducto y entregó recursos al gobierno estatal, pese a que ha sido otorgada la suspensión provisional de la obra y no han prosperado sus acusaciones de corrupción contra la juez, que cayeron como balde de agua en el Consejo de la Judicatura y en la SCJN.

El problema se pone color de hormiga, pues nos cuentan que los integrantes del Comité Técnico en Defensa del Agua, encabezado por el presidente del Distrito de Riego del Yaqui, Aquiles Souque Brito, acordaron que, si no se detiene la construcción, tomarán medidas de resistencia, si acaso la fuerza pública no responde a la petición que en los próximos días deberá de ordenar la juez octava federal. Ojalá entre la cordura.