Chiapas es el primer estado del país en eliminar la figura del arraigo.
El gobernador Juan Sabines Guerrero lo propuso, y su Congreso dispuso: exorcizar a la justicia.
Prevaleció un argumento: “El arraigo viola los derechos humanos. Sólo sirve para justificar la incapacidad de los ministerios públicos en la integración de averiguaciones previas”.
¿Se privilegia el principio de presunción de inocencia?
En la PGR y 31 procuradurías estatales y el DF tiemblan por la decisión del Congreso de Chiapas. Podría propagarse como una epidemia. Algunos la ven como el virus judicial del Soconusco.
Arraigar tiene por objeto evitar que un sujeto se evada a la acción justiciera. Personas detenidas sin proceso, sin garantía y sin control judicial suelen permanecer “encerradas” por 30 días, o hasta 60 en casos de delincuencia organizada o delitos graves. Todo a criterio del Ministerio Público. En ese plazo, el MP reúne datos para consignar a un juez o pronunciar el clásico usted perdone.
Aun con la facultad del arraigo, el MP da palos de ciego. Basta leer los diarios. Con una buena defensa, los arraigados suelen evadir la consignación y la sentencia firme. Al final, el arraigo termina perpetuando vicios de origen.
Los defensores del arraigo dicen que derogarlo debilitaría aún más al Ministerio Público y le limaría los dientes. ¿Y las uñas?
Sin embargo, el arraigo podría tener los días contados si efectivamente las leyes mexicanas han de estar en consonancia con los criterios obligatorios de la Suprema Corte de Justicia, y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sus críticos lo consideran una evidencia de la guantanamización de la justicia mexicana. Un paso más hacia el estado de excepción. Los arraigados, dicen, no son ni indiciados ni inculpados. Entran a un limbo jurídico para ser acusados, a placer, por testigos “protegidos”.
La decisión del Congreso de Chiapas hace crujir la rama de la justicia que sostiene el arraigo desde 2008.
¿Querrán los poderes Ejecutivo y Legislativo escuchar el “ruido” y actuar en consecuencia? O, de plano, ¿habrá oídos sordos hasta que mejore el panorama de la (in)seguridad pública y bajen los índices de la criminalidad organizada y desorganizada?
¿Hasta después de 2012?
Al crujido lo potencia una orden del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, que obliga a la PGR a precisar el número de arraigos aplicados durante el régimen del presidente Felipe Calderón, su duración, consecuencias procesales e incluso los nombres de las personas arraigadas de 2006 a 2010. Hasta ahora, la procuradora Marisela Morales evade confrontarse.
El virus de Soconusco apenas comienza a propagarse.
MONJE LOCO. “Justicia sin fuerza es irrisoria. Fuerza sin justicia es tiranía”, sentenció Blas Pascal. El logro chiapaneco también es un acto de exorcismo político de Juan Sabines contra su antecesor, Pablo Salazar Mendiguchía, preso en el penal El Amate. A Salazar le adjudican haberse dado vuelo arraigando y encarcelando a líderes sociales, campesinos, indígenas, maestros y periodistas. Todos opositores. Ya se sabe, ya se supo…
Twitter: @JoseCardenas1