Corrupción y parálisis

En la década de los 80, el entonces Presidente de la República, Miguel de la Madrid, impulsó por primera vez un programa desde el cual se reconocía explícitamente que la corrupción era uno de los mayores males del país y que en buena medida es uno de los factores que paralizan y desvirtúan la tarea de gobernar.

Desde aquel famoso llamado a la “renovación moral del gobierno” hasta la reciente convocatoria a la denuncia ciudadana del “trámite más inútil”, lo evidente es que ninguna administración ha sido capaz de erradicar o al menos de atemperar de manera significativa la rampante corrupción que campea en todos los niveles y estructuras del gobierno.

A pesar de algunos avances institucionales, como la creación del IFAI, lo cierto sigue siendo que, según los informes más recientes, la inmensa mayoría de los municipios mantiene elevados índices de “opacidad” gubernamental, mientras que en las entidades no se ha logrado transitar hacia esquemas de efectiva rendición de cuentas de la ciudadanía.

Si se lleva a cabo un recuento sistemático y detallado en esta materia, se encontrará que no ha habido un año en el cual no se haya presentado un caso escandaloso de corrupción; y vale decir escandalosos por partida doble: en primer lugar porque de suyo la utilización de los cargos públicos para el enriquecimiento personal es una práctica detestable y, en segundo término, lo son por la magnitud de los montos de los desfalcos, malversación de recursos y desvío de dinero del erario para campañas políticas y otras acciones reprobables.

Lo peor de este escenario es que en nuestro inconsciente colectivo siguen presentes ideas, como “el que no transa no avanza”, relativas a que “un político pobre es un pobre político” o bien que la gente “no pide que le den algo, sino que la pongan en donde hay”.

Todas estas frases que se escuchan en las conversaciones cotidianas, muestran hasta qué grado el mexicano ha hecho parte de su mentalidad la idea de que sólo en el margen de la ley pueden conseguirse triunfos dignos de ser asumidos como tales; que sólo a través del abuso del poder y de la autoridad puede accederse a bienes y servicios públicos y que es únicamente mediante la deshonestidad como puede aspirarse a la movilidad social.

Como contraparte, el diseño institucional sigue respondiendo a una lógica de obstaculización de la participación ciudadana y de la facilitación de la administración pública. En efecto, el diseño de prácticas y procedimientos administrativos y de tramitología ha llegado al absurdo de establecer tantos candados que perversamente se ha abonado, a final de cuentas, a que las personas se vean “obligadas” a continuar fomentando la corrupción ante la imposibilidad de acceder de manera simple a los bienes y servicios a los que la Constitución y sus leyes les dan derecho.

Cada año hay reportes de organismos no gubernamentales, a través de los cuales se miden de manera aproximada los costos anuales que representan para el país los millones de actos de corrupción que se gestan día con día. Lo que no se ha medido aún, y eso habría que hacerlo pronto, es el daño cultural y espiritual que se ha hecho a la ciudadanía a través de la perpetuación y el fomento, desde la propia autoridad, de esta perniciosa plaga que es la corrupción.

            *Director del CEIDAS, A. C.