Reformas que hagamos valer
Hace unos 25 años pequeños grupos de organizaciones ciudadanas impulsaron sucesivas reformas electorales.
La evolución política de nuestro país ha sido lenta. Ha sido azarosa y errática la suerte de las vastas reformas sociales que inspiraron la Revolución que derrocó a Porfirio Díaz en 1910. Tardamos más de 60 años en dar algunos tímidos pasos legislativos hacia la muy problematizada democracia, sometida a intereses de los partidos, que hoy día a tirones funciona.
Hace unos 25 años pequeños grupos de organizaciones ciudadanas impulsaron sucesivas reformas electorales, a veces modestas, que produjeron un padrón electoral técnicamente confiable, la credencial con foto, un instituto electoral ciudadanizado y el tribunal electoral. Estas instituciones perduran, aunque no siempre con su pureza inicial.
La elección directa del jefe del Gobierno del DF y la autonomía del INEGI fueron logros que se debieron a la presión cívica cuyo mérito después se atribuyeron los partidos.
Continuar avanzando sigue siendo difícil. Los partidos se han adueñado de los instrumentos de la democracia usándolos a su discreción y provecho al margen de la conciencia ciudadana. El proceso democratizador está en una miope y rijosa partidocracia cuya manifestación más clara se escenifica en el Congreso.
Las demoras legislativas frenan cambios urgentes como en lo laboral, lo fiscal, lo energético o para nuevas políticas industriales, agrícolas, o en comercio exterior.
La reforma política es un caso. Aprobado esta semana por el Senado el texto respectivo se pasó a los diputados que, típicamente, la han dejado para septiembre, salvo una muy eventual sesión extraordinaria. El paquete de reformas incluye avances, entre ellas dos importantes: candidaturas independientes y la reelección de funcionarios municipales y de legisladores.
De aprobarse la primera, se habrá dado un buen paso para romper el monopolio de que gozan los partidos. Que un ciudadano se postule a un cargo de elección popular, fuera del cerrado cerco actual, abre, a millones de mexicanos que no se sienten realmente representados por los partidos, una nueva oportunidad de hacer valer sus opiniones y demandas. Destapa también una vía de efectiva responsabilización del servidor público.
La otra iniciativa, la reelección a periodos inmediatos de funcionarios de elección popular cuando sus méritos sean reconocidos por sus representados, rompe por fin el tabú de la “No Reelección”.
Con la reelección de presidentes municipales y legisladores se resuelve para los primeros el que su actual trienio es notoriamente insuficiente para continuar y completar programas sociales y de infraestructura. El que un desempeño bueno sea así reconocido es el mejor aliciente para un servidor honrado y un freno muy eficaz a los abusos de poder.
La reelección de diputados y senadores, por su parte, es también muy deseable. Esta práctica casi universal propicia profesionalidad, especialización y experiencia en temas de constante interés nacional. De paso desalentará ensamblar carreras políticas haciéndose elegir intermitentemente de una Cámara o asamblea a otra, desde luego con sus programados regresos, burlando la propia “no reelección” y haciendo nugatorio el “sufragio efectivo” del electorado.
Aún cuando los legisladores han sujetado la entrada en vigor de estas dos reformas hasta 2015, constituyen avances concretos cuya aprobación no se vincule al nombramiento pendiente de los tres consejeros del IFE.
Una vez en vigor las reformas político-electorales, no hay que olvidar que sus resultados prácticos dependerán del uso que nosotros nos propongamos hacer de ellos. Somos los ciudadanos, los titulares del poder que confiere la democracia y no víctimas de los que tan frecuentemente la tergiversan.
*Consultor