Cita PGR al consejo de Almacenadora General por el caso de Covadonga

El expediente de la Compañía Covadonga es el que ya empezó a desdoblarse, tras un par de meses en que no pudieron fructificar las solicitudes de concurso mercantil que impulsaron 13 acreedores que integraron un comité.

Apenas la semana pasada le reportamos que el juez segundo de Distrito del Estado de México, Bernardino Carmona, dio entrada a la petición, formulada por Haynes & Boone, que encabeza Antonio Franck.

Representa a Rabobank, que dirige Manuel González, que reclama como tal alrededor de 223 millones de pesos.

El banco tiene en prenda la marca Morelos, que es con la que se comercializa en los autoservicios arroz, frijoles y lentejas.

En cualquier momento el Ifecom va designar al visitador de entre una terna conformada por Carlos Crescencio Jiménez Cea, Gildardo Alonso García Marín y José Alfonso Alvarado Sierra. Será el punto de arranque para este intrincado caso.

Y es que la problemática de Covadonga tiene múltiples aristas, que se observan en la diversidad de acreedores, la

mayoría privados, pero también otros encajados en el sector gubernamental, que hacen más farragoso el proceso.

Los más expuestos son los FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura), de Rodrigo Sánchez Mújica, que tienen comprometidos unos 205 millones de pesos en tres tramos.

Los recursos los canalizó a través de tres distintos intermediarios financieros.

Con Banco del Bajío, que dirige Carlos de la Cerda, extendió a Covadonga unos 117 millones de pesos que estarían garantizados con reportos de arroz. En paralelo prestó 88 millones más vía un par de sofomes.

Con Agrofinanzas, que preside Jorge Esteve y dirige el ex FIRA, Francisco Meré, dispersó alrededor de otros 38 millones de pesos. Y con Finterra, que maneja Mark McCoy, la sofom de Rabobank, otorgó otros 50 millones.

El problema es que el fideicomiso dependiente del Banco de México, que gobierna Agustín Cartens, sigue pagando tanto a Agrofinanzas como a Finterra las garantías de un arroz que, ya se demostró, nunca existió en bodegas.

De hecho, podemos adelantarle que la Procuraduría General de la República (PGR), que recién asumió Marisela Morales, está citando al Consejo de Administración de Almacenadora General por supuesto fraude en la expedición de certificados de depósito.

Los principales consejeros son Rogelio G. Sepúlveda, Enrique García y Fernando Treviño Botti. Asimismo a Javier O. Garza Guajardo, su director, amén de Luciano Cortina, Pedro García y Homero Melchor, principales funcionarios.

Otra afectada es el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Social, que lleva Javier Delgado. El denominado FOCIR depende de la Secretaría de Hacienda, de Ernesto Cordero, y fue defraudado por Covadonga con 52 millones de pesos.

Financiera Rural, que comanda Gustavo Merino, es otro afectado entre las más de 17 intermediarias involucradas en este expediente que dio pie al concurso mercantil para reestructurar unos 250 millones de dólares de deudas.

GAP: ¿retirada?

El 25 de abril se entregan ofertas para el aeropuerto de la Riviera Maya y en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), de Dionisio Pérez-Jácome, se cree que el proceso pudiera declararse desierto.

Los participantes han manifestado objeciones para invertir de golpe los dos mil 700 millones de pesos, como se estableció en las bases.

Quieren una inversión gradual y conforme se genere el tráfico.

GAP, que dirige Fernando Bosque, y Grupo México de Germán Larrea, son los más reacios.

Y aunque Tradeco, de Federico Martínez, se reporta listo, no es remoto que en aras de salvar el precio técnico de referencia la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) se les fuera por las nubes para justificar la inversión. Considérelo.

Maxcom perfila

No hay que perder de vista a Maxcom, que preside Eduardo Vázquez Arroyo. La empresa de telefonía está en la última fase de negociaciones para ser vendida.

Barclays, que lleva aquí José Antonio González, es el agente financiero.

Se habla de Telefónica-Movistar, que encabeza Francisco Gil Díaz, y de Megacable, de Javier Bours, como los que más posibilidades tienen de quedársela.

La transacción sería superior a los 110 millones de dólares y encajaría en esta impresionante metamorfosis acelerada que estamos viendo en el sector de telecomunicaciones.

Pilkington pega

Este mes podría salir la sentencia del Juez Primero de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial de Monterrey, Gabriel de Hoyos, relativo a la demanda que la inglesa Pilkington interpuso contra Vitro.

Se trata de la nulidad de la asamblea de diciembre de 2006 en la que el grupo de Adrián Sada fusionó Vitro Plan a ViMéxico para disminuir las deudas de la primera. El problema fue que diluyeron a sus socios de 35 a 8% en el capital de la filial. Pilkington, que preside Stuart Chambers, es accionista Vitro Plan, antes llamada Vitro Vidrio Plano, desde 1965.

Fonatur rechaza

En el Fonatur rechazaron que al menos en la administración de Adriana Pérez Quesnel les hayan notificado un proyecto para recuperar la marina de Ixtapa que tiene concesionada Gabriel Ochoa y fusionar el campo de golf que administra Ernesto Tinajero. La actual titular del fondo, dijeron, no ha recibido petición alguna del Bancomext, que dirige Héctor Rangel Domene, ni de los inversionistas y desarrolladores de ese destino.

Vamos, señalan que no conoce tal plan, el cual fue ideado y propuesto por la banca de desarrollo hace ya más de un año.