Las recomendaciones de la ONU

Esta semana, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas o involuntarias, GTDFI, publicó sus observaciones preliminares tras visitar nuestro país, en las que hace una serie de recomendaciones para evitar las desapariciones forzadas. Estas se definen, de acuerdo con la Convención internacional al respecto, como “…el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”. Lo que erróneamente se conoce como levantón, término que esconde la verdadera naturaleza del delito, y lo trivializa. La responsabilidad es completamente diferente cuando quien comete la conducta delictiva es una autoridad, o alguien que actúa bajo la permisividad del Estado.

Son más de 30 recomendaciones, de tipo jurídico y operativo. Además de reformas constitucionales e institucionales, se incluyen dos que han comenzado a levantar ámpulas: el retiro, en el corto plazo, de las fuerzas militares de las operaciones de seguridad pública, y la eliminación de la figura del arraigo. Y hace, además, una observación fortísima, después de cuatro años —y 30 mil muertos— de una lucha que no parece tener solución a corto plazo: “…el GTDFI reconoce el derecho y el deber del Estado de perseguir la criminalidad. Sin embargo, no se puede enfrentar esta desafiante situación a expensas del respeto de los derechos humanos, ni permitir la práctica de las desapariciones forzadas. Tampoco pueden adjudicarse, sin una adecuada y completa investigación penal, los casos de desapariciones forzadas exclusivamente al crimen organizado”

De inmediato comenzaron las reacciones. Desde el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de Gobernación, quien sostuvo que retirar a las tropas sería abandonar a los ciudadanos, hasta la Sedena, que emitió un documento en el que sugiere que, tras las quejas referentes a los derechos humanos, se encuentra la delincuencia organizada, como una forma de desprestigiarle y limitar sus operaciones. Este concepto es interesante, porque plantea a la “delincuencia organizada” como una entidad capaz de organizar operaciones de contrainteligencia y combatir a su enemigo por otros medios. Habla de una estrategia y una visión a largo plazo para poder seguir su negocio con tranquilidad.

La estrategia, por parte del Estado, parece consistir simplemente en el combate frontal, ignorando que este no es un problema local, sino regional, y que no terminará mientras exista un mercado para estas sustancias. Así, hoy se combate en lo local a balazos y en lo regional de manera dispersa, sin una visión a largo plazo que necesariamente debería de plantearse la reducción de la violencia como prioridad, así como el combate frontal a las adicciones a través de programas de salud, y al tráfico a través de labores de inteligencia y estrictos controles bancarios. Eso, y en lo regional a través de la extensa red de embajadas y consulados con la que contamos: cada diplomático debería de convertirse en un cabildero que promoviera más regulaciones al tráfico y consumo de enervantes y armas.

Es incomprensible que se refuten, a priori, las recomendaciones de la ONU, sin estudiarlas a fondo. Es evidente que la estrategia actual ha desgastado de manera innecesaria a las instituciones sin resultados palpables, ni perspectivas a corto o largo plazo. Y es urgente que el gobierno considere que, si como sociedad no sabemos lo que es ganar en esta guerra, ciertamente sabemos lo que es perderla: 30 mil mexicanos muertos son demasiados.

*Analista político

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