La reforma que no veremos
Entre más nivel educativo tiene un sector de la sociedad, más crítico se vuelve de las instituciones, con ello, hay un mayor escrutinio del actuar de la clase gobernante, es decir, hay más posibilidades de combatir la impunidad y la corrupción.
Aun cuando ayer los medios de comunicación dieron cuenta de la posible aprobación de algunos puntos de la reforma política (candidaturas ciudadanas y reelección de diputados), al inicio de esta semana, diputados federales del Partido Revolucionario Institucional informaron que revisarán puntualmente algunos artículos de la iniciativa de la reforma laboral, con lo que automáticamente quedó pendiente.
En la semana tuve oportunidad de escuchar las conclusiones de un espléndido trabajo dirigido por el doctor Alejandro Moreno. El trabajo tiene que ver con el levantamiento de una encuesta para saber la opinión ciudadana de diversos temas relacionados con el desarrollo de la democracia y, en algún punto del mismo, se habla de los “ciudadanos críticos” y su función para mejorar los mecanismos democráticos de un país, y la conclusión a la que se llega es que, entre más nivel educativo tiene un sector de la sociedad, más crítico se vuelve de las instituciones y, con ello, hay un mayor escrutinio del actuar de la clase gobernante, es decir, hay mayor posibilidad de combatir la impunidad y la corrupción.
En este contexto, se antoja indispensable contar con una reforma que no veremos en este sexenio: la educativa. Y es que, en el fondo, una reforma de ese tamaño sólo la podrá impulsar aquel gobierno que no dependa de la organización clientelar y corporativa de los sindicatos.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) es uno de los más antiguos en América Latina (fue creado en 1943); la Confederación Nacional de los Trabajadores de la Educación en Brasil (1960), la Federación Colombiana de Educadores en Colombia (1962), la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (1973) o el Colegio de Profesores de Chile A.G. (1974).
En noviembre de 2010, un grupo de 150 intelectuales, académicos e investigadores solicitó al Presidente de la República que rompiera el “acuerdo político” con el SNTE, pues consideran que “el arreglo corporativo” y las “reglas no escritas obstaculizan la transformación educativa de México”.
Es de reconocerse que, al principio de este sexenio, parecía que iban a darse los cambios profundos que requería la esfera educativa cuando, dentro del capítulo especial sobre educación, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 describió como uno de los problemas del sistema a los “…factores de organización como son el mecanismo de control vertical, el enorme peso de su burocracia y el insuficiente impulso que se ha dado al mejoramiento de la calidad del trabajo y de vida de los maestros y el personal directivo y auxiliar. En efecto, aún sigue siendo una realidad que el sistema escolar da mayor énfasis a los aspectos administrativos del proceso educativo en lugar de los factores de aprovechamiento académico”.
Luego de cinco años de presentado ese diagnóstico, es obvio que la prioridad no fue una reforma educativa ni romper con las viejas relaciones, cuestionadas, de los anteriores gobiernos priistas con el sindicato. El gobierno federal ni siquiera avanzó mucho para disminuir el peso de la burocracia y formalizar un acuerdo educativo con los sindicatos representados para promover una mejora en la calidad de los servicios.
En un país democrático es indispensable que existan organizaciones sociales y políticas que representen los intereses legítimos de los ciudadanos pero, en el caso de nuestras organizaciones sindicales de la educación, la demanda central es la reivindicación salarial y de escalafón. Las viejas consignas para defender la educación pública, su lucha contra la privatización, su exigencia para participar en el debate y formulación de políticas educativas y la reivindicación de la profesión docente parecen haber quedado atrás.
El sexenio casi se termina y la efervescencia electoral del año 2012 todo lo envuelve, por lo que no veo muy cercano que las grandes reformas estructurales continúen su camino y, menos aún, la posibilidad para que la educación en México tenga un mayor avance.
Lamentablemente, este retraso afecta el desarrollo de “ciudadanos críticos” o, como lo había mencionado en otros artículos, de “ciudadanos activos” para consolidar la democracia.
*Maestra en derecho constitucional por la UNAM