¿Hacia un Estado mexicano teocrático?

México logró separar las atribuciones y funciones del Estado de aquellas que corresponden a las iglesias.

Humberto Musacchio

Humberto Musacchio

La República de las letras

En España, los contribuyentes, sean ateos o de cualquier credo, pagan a los profesores que imparten en las escuelas públicas las clases de religión (católica). El nombramiento de los mentores es una atribución de los obispos que en Almería se dieron el lujo de no renovarle el contrato a una maestra que se casó por lo civil con un hombre “casado”, según las autoridades eclesiásticas (en realidad divorciado, pero ya se sabe que El Vaticano sólo autoriza la separación de las parejas cuando se trata de personas muy ricas o muy influyentes, como sucedió con Vicente Fox y su primera esposa).

El horror medieval que en tantos aspectos vive España es explicable, pues se trata de un reino heredero de un Estado fascista con fuertes rasgos teocráticos. Recuérdese que Francisco Franco era saludado por los obispos con el brazo derecho en alto y que para más señas era llamado “Caudillo de España por la gracia de Dios”.

México, después de cruentas guerras civiles, logró separar las atribuciones y funciones del Estado de aquellas que corresponden a las iglesias de cualquier denominación. A Dios lo que es Dios, pero el César cree que con los impuestos que pagamos todos debemos costear un oneroso viaje a Roma para presenciar la beatificación de Karol Wojtyla, sí, el protector de Marcial Maciel, el que procuró por todos los medios tapar los abusos sexuales de sacerdotes contra niños, el que bendijo a Pinochet y a otros dictadores, en fin…

Pese a los antecedentes, la beatificación de un personaje como Wojtyla es asunto de los católicos y quienes crean en su santidad. Lo que sí nos atañe a todos los mexicanos es que de nuestros impuestos se pretenda costear el viaje a Roma de Felipe Calderón, su esposa y toda una comitiva de gente interesada en asistir a la ceremonia en que el papa Ratzinger beatificará a su antecesor.

El objeto del viaje presidencial es, sin discusión, participar en una ceremonia religiosa. México es un Estado laico, pero es totalmente lícito que el Presidente de la República, o quien despacha como tal, sea adepto del catolicismo romano y asista a los servicios de esa Iglesia, pues eso corresponde a la esfera de las convicciones íntimas. Lo que no puede hacer un funcionario del Estado mexicano es tomar dinero público para sufragar el enorme gasto que significa asistir a una ceremonia religiosa que se realiza a miles de kilómetros.

La vigente Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público señala que el Estado Mexicano (con mayúscula) “garantiza a favor del individuo” el derecho a “no ser obligado a prestar servicios personales ni a contribuir con dinero o en especie al sostenimiento de una asociación, iglesia o cualquier otra agrupación religiosa, ni a participar o contribuir de la misma manera en ritos, ceremonias, festividades, servicios o actos de culto religioso”.

“El Estado mexicano (con minúscula) es laico”, dice esta ley, y agrega que “las autoridades federales, estatales y municipales... no podrán asistir con carácter oficial a ningún acto religioso de culto público, ni a actividad que tenga motivos o propósitos similares. En los casos de prácticas diplomáticas, se limitarán al cumplimiento de la misión que tengan encomendada, en los términos de las disposiciones aplicables”.

De modo que la familia Calderón no puede ir a Roma con el objetivo declarado, que contraviene expresamente lo que señalan las leyes. El Senado de la República debe manifestarse en este caso, que lesiona gravemente la convivencia entre los mexicanos. ¿Lo hará?

        *Periodista y autor de Milenios de México

            hum_mus@hotmail.com

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