Puntualizaciones del Ejército
El Ejército envió anoche un documento en el que refuta versiones, promovidas en ciertos medios de comunicación, en el sentido de que la Ley de Seguridad Nacional, a punto de aprobarse en el Congreso, promueve el establecimiento de un “Estado militar”. Entre otras ...
Francisco Garfias
Arsenal
El Ejército envió anoche un documento en el que refuta versiones, promovidas en ciertos medios de comunicación, en el sentido de que la Ley de Seguridad Nacional, a punto de aprobarse en el Congreso, promueve el establecimiento de un “Estado militar”.
Entre otras cosas, niega también que otorgue facultades a las Fuerzas Armadas para ir en contra de movimientos sociales, laborales o electorales o que legalice la violación de derechos humanos.
El documento, de seis cuartillas, recuerda que el artículo 72 de la citada ley establece que, en caso de urgencia, el Presidente de la República podrá ordenar las medidas necesarias para enfrentar una situación excepcional, en tanto se haga la declaratoria de afectación a la seguridad interior, necesaria para la intervención del Ejército y la Marina.
Subraya también que el artículo 74 señala claramente que la declaratoria tendrá que ser notificada a la CNDH y a los organismos de protección de los derechos humanos en las entidades federativas.
“La Ley indica que no procederá la declaratoria cuando la solicitud tenga su origen o causa para dar cumplimiento a requerimientos o resoluciones emitidas por autoridades administrativas o del trabajo.
“Tampoco procederá con acciones relacionadas con movimientos o conflictos de carácter político, electoral o de índole social, excepto cuando las acciones derivadas de los mismos constituyan un desafío o amenaza en los términos de la misma Ley”, puntualiza el documento.
- El dictamen que contiene la Ley de Seguridad Nacional fue aprobado hace un año en el Senado. Entonces se habló de convocar a un periodo extraordinario para que los diputados le dieran el visto bueno.
Pero los militares se inconformaron con el contenido de la minuta. Se movieron para manifestar su oposición.
En una reunión con Josefina Vázquez Mota, jefa de la bancada del PAN en San Lázaro, dejaron claro su rechazo a “coordinarse” con autoridades civiles. En cortito, alertaban sobre la posibilidad de que pudieran estar coludidas con el narco.
Expresaron también su resistencia a someterse a la jurisdicción de tribunales extranjeros.
Y es que el artículo 72 de la minuta del Senado, ya modificado en San Lázaro, establecía que las fuerzas federales estarán subordinadas al orden jurídico establecido en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales.
Era una forma de comprometerse a acatar una sentencia de la CIDH de la OEA, emitida el 6 de julio de 2009, en la que se condena al Estado mexicano por graves violaciones a los derechos humanos en la persona del campesino Rosendo Radilla.
Radilla fue detenido en un retén militar el 25 de agosto de 1974 y fue visto por última vez en el ex cuartel militar de Atoyac de Álvarez, en Guerrero.
“Hoy todo está planchado, hablado, rebotado” con las Fuerzas Armadas, asegura una fuente del PAN.
- La cúpula parlamentaria reconoce el trabajo de enlace con las Fuerzas Armadas, realizado por el actual secretario de Gobernación, José Francisco Blake.
Hace un año, la oficina de Bucareli era ocupada por Fernando Gómez Mont, quien había dado el visto bueno a la minuta, a pesar de la inconformidad del alto mando militar. La Marina, por increíble que parezca, ni siquiera fue invitada a la mesa de negociaciones.
La necesidad de otorgar un marco legal a la intervención del Ejército y la Marina en la lucha contra el crimen organizado obligó a los diputados a descongelar la iniciativa. “No puede quedarse en el limbo”, sintetizó el priista Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro.
Para agilizar el proceso legislativo se formó incluso el Grupo Plural para el Análisis de la Ley de Seguridad Nacional.
En éste participan las diputadas perredistas Teresa Incháustegui y Enoé Uranga; y los petistas Jaime Cárdenas y Enrique Ibarra.
Lo integran también los priistas Alfonso Navarrete Prida, Claudia Ruiz Massieu; Francisco Moreno; los panistas Carlos Pérez Cuevas y Gustavo González y el legislador del Verde Pablo Escudero.
Al cónclave que sostuvo ayer el grupo, en uno de los salones de San Lázaro, se sumaron Laura Itzel Castillo, PRD, y Mario di Costanzo, PT. Ambos legisladores manifestaron dudas sobre las facultades que el modificado texto otorga a las Fuerzas Armadas.
Cuestionan que se les permita “hacer acopio de información” y temen que se multipliquen las violaciones a los derechos humanos. La perredista habló incluso de albazo y de “acuerdos en lo oscurito”.