Hacia la bordaberrización de México
La Ley de Seguridad Nacional pretende dar mayores facultades a las Fuerzas Armadas.
Humberto Musacchio
La República de las letras
Pocos recuerdan a Juan María Bordaberry, quien en 1971 fue elegido presidente de Uruguay y, ya en el poder, para contener a los tupamaros, con el apoyo entusiasta de los partidos tradicionales fue tomando medidas que depositaban en las fuerzas armadas atribuciones tan grandes que acabaron por convertir al gobierno civil en algo superfluo, desechable, hasta que en 1976 ocurrió lo que era de esperarse: los militares defenestraron a Bordaberry.
Viene al caso recordar lo anterior ahora que se discute en el Congreso la llamada Ley de Seguridad Nacional, una iniciativa del Ejecutivo que pretende dar mayores facultades a las Fuerzas Armadas en detrimento de los derechos ciudadanos. También, con ese ordenamiento se pretende dar carácter legal a los múltiples abusos de las autoridades a que ya están sometidos millones de mexicanos, especialmente en las entidades más castigadas por la delincuencia.
La norma que ahora se discute deposita en el jefe nato de las Fuerzas Armadas, el Presidente de la República, la facultad de suspender garantías si considera que está en riesgo el orden general y legitima algo que ya ocurre de hecho: dar a los militares el mando sobre las corporaciones civiles cuando así lo decida el Ejecutivo. Por supuesto, los promotores de la iniciativa aseguran que no se empleará esta ley para reprimir movimientos sociales, pero lo cierto es que, existiendo una legislación que lo impide, se hace uso de las Fuerzas Armadas para aplastar la discrepancia política. Nada, pues, permite suponer que las autoridades permanecerán impasibles ante la protesta generada por un fraude electoral o un despojo de bienes colectivos.
Don José Luis Piñeyro, académico especializado en temas militares, advierte que el citado proyecto de ley tiende a criminalizar la protesta social y a interpretar la reivindicación de derechos laborales, sociales o políticos como una amenaza para el Estado o como una afectación de la seguridad interior. En suma, para el citado investigador, los legisladores están más preocupados por la seguridad del Estado que la seguridad de la nación, “que no es lo mismo”, les recuerda el catedrático.
No se justifica, pero es muy explicable que un gobierno que se hunde busque hacer de cualquier tabla un salvavidas. Más grave es que desde el Estado de México se promueva la aprobación de la Ley de Seguridad, pensando en que el ahora gobernador de esa entidad estará en Los Pinos en diciembre de 2012 y necesitará de cuanto pueda disponer para el combate a la criminalidad, esa misma criminalidad que no ha sabido combatir en el estado que gobierna.
Mala cosa es que los priistas, por lo menos un sector de ellos, crean que México sólo se puede gobernar mediante el expediente de la fuerza y aun de la arbitrariedad de las autoridades. Por fortuna, en el PRI se levantan voces discrepantes, algunas de ellas tan influyentes como la de Beatriz Paredes o la de Francisco Labastida, pues conocen los peligros que hay en depositar más facultades en quien no sabe emplear las que tiene. Saben muy bien que la perra brava, dotada de colmillos, hasta a los de casa muerde.
Lo mejor que puede ocurrir es que la iniciativa de ley se regrese por donde vino y se le recuerde a su remitente que ya es bastante con las atribuciones de que ahora dispone. Atacar la criminalidad es un asunto eminentemente político, no militar. Talleyrand advirtió de los peligros de sentarse a gobernar sobre las bayonetas. Es una posición incómoda y a corto plazo insostenible. Bordaberry lo aprendió a un alto costo.
*Periodista y autor de Milenios de México