Dos asesinatos; dos momentos

En 1985, la desconfianza de Estados Unidos hacia las autoridades policiacas, de procuración de justicia, de inteligencia y del gobierno mismo, eran brutales. Por ello la DEA y el gobierno de la Unión Americana decidieron hacer justicia por propia mano.

El asesinato de Jaime Zapata, agente estadunidense de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), inevitablemente regresa la memoria al año 1985. Al asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena.

Son los únicos dos funcionarios de agencias de inteligencia y seguridad interna de Estados Unidos que han sido asesinados en territorio mexicano.

Sin embargo, los momentos en la relación bilateral México-Estados Unidos no podrían ser más disímiles. Entre 1985 y  2011 mucha agua ha corrido debajo del puente de los vecinos distantes.

En 1985, la desconfianza de EU hacia las autoridades policiacas, de procuración de justicia, de inteligencia y del gobierno mismo, eran brutales. Por ello la DEA y el gobierno estadunidense decidieron hacer justicia por propia mano.

Acordaron los estadunidenses aplicar la ley extraterritorialmente. Desde un primer momento, pero sobre todo ante la ausencia de la aprehensión de quienes para EU eran los claros culpables del secuestro, la tortura y el asesinato de Kiki Camarena.

Presionaron hasta que se detuvo a Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo e incluso Miguel Félix Gallardo, que era el que contaba con mayor protección de las autoridades, según los norteamericanos.

Ante la lentitud de la respuesta del gobierno mexicano y con la falta de confianza, los estadunidenses acabaron entrando a territorio de México para secuestrar a Humberto Álvarez Machain y a otros cuatro individuos que fueron llevados a EU para ser juzgados allá.

No había, pues, confianza, no había trabajo en conjunto. La Operación Leyenda que nació de este asesinato fue un operativo estadunidense en el que las autoridades mexicanas no fueron invitadas a participar. 

Ahora, 26 años después, la situación es muy distinta. La primera reacción de EU al conocer del asesinato de Jaime Zapata fue anunciar un operativo conjunto para encontrar a los responsables del crimen.

Una semana después, ya cayó Julián Zapata, El Piolín, como presunto asesino (Zapata asesinó a Zapata en México… ¡vaya apellido a repetirse!).

Más allá de las tensiones con el embajador Pascual por los cables de WikiLeaks, el lenguaje hoy es otro. El crimen organizado no es visto por los estadunidenses como una excentricidad mexicana. Es visto como lo que es: un fenómeno transnacional, en el que EU juega un papel importante por, entre otras cosas, el enorme consumo de sus ciudadanos.

Ahora el problema será pasar más allá de este lenguaje. Los recursos que EU le destina a la lucha conjunta son de risa: 281 millones de dólares para todo el año.

La semana próxima, en la visita que haga el presidente Calderón a Barack Obama y al líder de la Cámara de Representantes, John Boehner, deberá contener una petición clara y fuerte en esta materia.

Que el compromiso sea de más acciones y menos palabras. De lo contrario, perdemos ambos. Así lo mostró el asesinato de Zapata.

Apostilla. Para aclarar rumores, la visita a Washington estuvo pactada desde que se reunieron Hillary Clinton y la canciller Espinosa en Guanajuato.

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