Sobrevivientes urgen a reabrir el Halconazo; hacen solicitud al Presidente

CIUDAD DE MÉXICO.

Con base en las pláticas que han tenido distintos colectivos de familiares y sobrevivientes de la contrainsurgencia en México entre 1960 y 1990, incluidos los de la masacre del 10 de junio de 1971, con la Secretaría de Gobernación (Segob), el Comité 68 pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador promueva los procesos de justicia en todos los casos de delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado mexicano en contra del pueblo.

En vísperas del 50 aniversario de los hechos ocurridos en las inmediaciones del Casco de Santo Tomás, donde 36 estudiantes perdieron la vida, de acuerdo con el Comité 68, también demandaron juicio político a la magistrada Herlinda Velasco Villavicencio del Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, por haber exonerado al expresidente Luis Echeverría Álvarez y al exsecretario de Gobernación Mario Moya Palencia y declara el asunto total y definitivamente concluido, a pesar de que el propio alegato de la magistrada demuestra de forma contundente, el delito de genocidio ese 10 de junio de 1971.

De acuerdo con las reuniones entre Gobernación, particularmente con la subsecretaría de Derechos Humanos Población y Migración, para mañana jueves los colectivos se reunirían con el presidente López Obrador y ahí solicitarán que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haga uso de sus facultades de investigación de casos de especial importancia para la vida nacional y reabra la investigación por el genocidio cometido contra los estudiantes el 10 de junio de 1971.

El Comité 68 reafirma en una discusión interna con los colectivos de víctimas y familiares por la Guerra Sucia, “las demandas de justicia que hemos sostenido por los genocidios; del 2 de octubre de 1968, 10 de junio de 1971 y la guerra sucia en las décadas de los setentas, ochentas y los noventas y todos los eventos judiciales que se han presentado exhiben un sistema de impunidad sostenido de la promoción de disposiciones y resoluciones judiciales y legislativas nulas de pleno derecho que corresponden a un régimen autoritario y represivo”.

En una discusión interna de los integrantes del Comité 68 y que está documentado en un escrito fechado ayer y titulado “Propuestas a la agenda mínima para la atención de demandas de colectivos de familiares de víctimas y sobrevivientes de la contrainsurgencia de 1960 a 1990”, del cual Excélsior tiene copia, el grupo señaló que en virtud de la promoción que el Ejecutivo federal haga en los procesos de justicia en todos los casos de delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado mexicano en contra del pueblo, éste debe disponer de todos los recursos legales y políticos con que se cuenta.

“Las promesas de justicia ofrecidas en el momento de la alternancia en el poder, y la responsabilidad política en la conducción del país, obligan declarar y fijar claramente la política a seguir sobre los procesos de justicia en México”, señala el documento del Comité 68.

Y solicitan un balance general del desempeño de las autoridades judiciales, sobre los delitos del pasado y del presente cometidos por el Estado contra el pueblo.

Como séptimo punto de sus propuestas que llevarán a la reunión con el presiden te López Obrador señalan que ante la falta de procesos de justicia como es el caso del genocidio del 2 de octubre de 1968, 10 de junio de 1971 y la guerra sucia, “vemos urgente la necesidad de una reforma democrática del Poder Judicial.

Señala el Comité 68 que la memoria la hacen los pueblos, mientras el Estado mexicano no garantice la justicia debe dejar el camino de la memoria al pueblo: “Le demandamos respeto para las víctimas del pueblo.

“Nuestra participación en este esfuerzo es con la perspectiva y la esperanza fundada en que la sociedad mexicana en su conjunto logre y exige que se destierren las prácticas de violencia política, especialmente aquellas prácticas perversas de persecución y destrucción de los adversarios mediante políticas criminales de lesa humanidad”, dice el documento del Comité 68, que se desprende la invitación a participar en el Encuentro con Colectivos de familiares de víctimas y sobrevivientes de la contrainsurgencia de 1960 a 1990, que se realizó el día 17 de marzo y después otra de forma remota el 23 de abril de 2021.

El comité, que inició Raúl Álvarez Garín, histórico dirigente del Movimiento Estudiantil de 1968, sostiene en su documento que los esfuerzos realizados en la búsqueda de justicia durante la primera década del siglo XXI deben ser revisados, ya sea para rescatar lo que se haya hecho bien o para no cometer los errores de la alternancia foxista; el informe presentado en el año 2001 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre delitos de desaparición política; la discusión sobre la conformación de una Fiscalía Especial que continúe con los trabajos que se realizaron durante la existencia de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP).