Histórico 1968: Pruebas sembradas

CIUDAD DE MÉXICO.

Las siete personas arrestadas e identificadas por las autoridades como “dirigentes comunistas” e implicadas en la “agitación” estudiantil de los últimos días de hace 50 años, argumentaron que las pruebas en su contra habían sido sembradas.

Ante las acusaciones formuladas por la Procuraduría General de la República (PGR), esos supuestos dirigentes comunistas que permanecían en la cárcel –acusados de asociación delictuosa, sedición–, se deslindaron de la propaganda, que presuntamente estaba en el local del Partido Comunista, de la calle Mérida 186, colonia Roma.

En esos panfletos, dijeron las autoridades, los comunistas hacían un llamado a una rebelión. Los detenidos contestaron que la papelería era falsa y que había sido editada por los enemigos de ese partido, que no tenía reconocimiento legal. Fue hasta 1979, después de la primera reforma política de 1977, que el PCM que obtuvo registro, pero en 1981 desapareció.

Manuel Campos Díaz y Sánchez, reportero de Excélsior encargado de la fuente de justicia, publicó el 4 de agosto de 1968 detalles de la comparecencia de los dirigentes comunistas, entre los que estaba Gilberto Rincón Gallardo.

La diligencia, con toda la apariencia de un mitin, tuvo una duración de cinco horas, durante las cuales los detenidos protestaron contra su detención, contra los procedimientos que dicen se usaron para interrogarlos, contra las ‘camas de piedra’ de los separos de la Procuraduría General, en contra del monopolio electoral del PRI y por la detención de algunos extranjeros en las redadas policiacas, porque con esto, dijeron, se hizo escarnio de la tradición hospitalaria mexicana”.

Los inculpados, refiere la información publicada hoy hace 50 años, pidieron testigos y pruebas de las acusaciones en su contra. Dijeron que de acuerdo con la Constitución no es delito pertenecer al partido que más les acomode.

En su descargo, los inculpados dijeron que en los panfletos decomisados por elementos de la Federal de Seguridad había lemas que no forman parte del lenguaje que utiliza la gente de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos y de las Juventudes Comunistas.

Salvador Sáenz Nieves, uno de los siete detenidos, hace 50 años tenía 52 de edad, era ingeniero electricista. Aceptó ante el Ministerio Público haber ido a Rusia y Cuba, con el fin de observar los trabajos en materia de electrificación y compararlos con los que se realizaban en México.

Adolfo Mejía González, señalado por las autoridades como “cabeza” de la agitación comunista negó todos los cargos y en cambio dijo ser militante del PRI; aceptó haber estado del lado de los estudiantes en Michoacán, alegando que aquella entidad era un “feudo cardenista”.

Mejía González, según la información publicada hoy hace 50 años, dijo que los manifiestos que circularon el 26 de julio, durante la celebración de dos marchas en el centro de la Ciudad de México eran falsos, “sin ningún ideal ni ideas concretas”. Dijo, además, ser secretario general del Comité Mexicano de Solidaridad con Vietnam y orador oficial en todos los actos de protesta de esa organización.

El texto de Campos Díaz y Sánchez refiere que José Luis Gómez Pedraza, quien también utilizaba el nombre de Jezzaid Díaz Cabrera, estaba en prisión ya que fue sorprendido con una metralleta en la azotea del edificio de la Escuela Preparatoria, en las calles de Justo Sierra y Argentina.

Este hombre declaró ante el MP que un individuo desconocido le puso el arma en las manos y le dijo “¡Defiéndete!”, pero no llegó a disparar el arma, porque no sabía cómo hacerla funcionar.

Entre los siete detenidos, señalados como líderes comunistas estaba uno hombre de 60 años, Mario Hernández Hernández. Su detención, y las de los otras personas, la calificó de “inquisición política”, se declaró inocente de todos los cargos en su contra y sostuvo que no obstante su edad, “tengo ideas progresistas”.

Otro de los detenidos, Rubén Valdespino García nombró en ese acto como su defensor al abogado Juan Manuel Gutiérrez, pero en esa diligencia se enteró que su pretendido defensor también estaba preso, acusado de los mismos delitos que ellos: asociación delictuosa, sedición, daños en propiedad ajena y ataques a las vías de comunicación.

La Federación Nacional de Estudiantes Técnicos (FNET), que seguía dando visos de estar cada vez más plegada a la directriz oficial, hizo público un desplegado.

En éste denunciaban que el gobierno de México era víctima de una conspiración nacional e internacional “por parte de los provocadores tradicionales organizados en las corrientes del maoísmo y del trotskismo”.

Según el desplegado de la FNET, esas fuerzas estaban preparadas desde hace tiempo para el estallido de la violencia, “si no en estos días, si en las épocas de la XIX Olimpiada, lo que hubiera sido grave”. (Esta posición concuerda, primero con la reacción del jefe de la policía, el general  Luis Cueto Ramírez, publicada el 28 de julio en la primera plana de Excélsior, y con la que habría de pronunciar en días por venir el regente de la ciudad, Alfonso Corona del Rosal).

No obstante, la FNET descalificó a Cueto Ramírez, a quien llamó “general pretoriano, enemigo jurado de los estudiantes técnicos”.

El Comité Coordinador del Movimiento General de Huelga del Instituto Politécnico Nacional a través de un desplegado invitó, hoy hace 50 años, al pueblo de México a la manifestación que encabezaría al día siguiente lunes 5 de agosto, el director del Poli, Guillermo Massieu.

En la invitación se menciona que la marcha culminaría en la “Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (exinternado del Poli), donde señalaba el desplegado se cometió por vez primera en la historia de México (en 1956) un asalto militar a centros de cultura superior”.

En ese contexto, Guillermo Massieu dijo que sí encabezaría la manifestación de estudiantes, maestros y autoridades del Politécnico el siguiente lunes, mismo que se desarrollaría a partir de las tres de la tarde de la Unidad Profesional de Zacatenco al Casco de Santo Tomás.

El objetivo de esta marcha era protestar por la intervención del Ejército en los recintos escolares —que se dieron a partir de los primeros minutos del 30 de julio, cuando en principio el Ejército entró a la preparatoria de San Ildefonso—,  y por la represión policiaca al estudiantado, a condición de que ninguna organización estudiantil apareciera como patrocinadora del acto.

En otro manifiesto publicado hoy hace 50 años, la Central Nacional de Estudiantes Democráticos (CNED) –más cercanos a la doctrina comunista y que eran parte de la búsqueda de promotores de la violencia por parte de los cuerpos policiacos– declaró que “las organizaciones revolucionarias de la juventud están sufriendo la furia irracional de los cuerpos policiacos”.

La CNED también suscribió que el Movimiento Estudiantil, “que ha dado muestras formidables de sus grandes posibilidades”, se proyecta para derrotar la violencia y abrir nuevos cauces a la democracia.

Así como esos desplegados, en Excélsior también se publicaron otros en apoyo al presidente Díaz Ordaz. Uno de ellos de la Plataforma de Profesionales. “Creemos como usted que los mexicanos debemos identificarnos por nuestras muchas semejanzas y no desunirnos por pocas, aunque respetables diferencias”. La Plataforma de Profesionales ofrecía en ese desplegado su colaboración y solidaridad en su noble propósito.

Aunque con fecha del 2 de agosto, el 4 de ese mes, el general Cueto Ramírez, a petición de la FNET hizo pública una carta donde deslindó a esa organización del Poli de haber sido a través de su líder, José Cebreros, quien solicitó la intervención de la policía durante la manifestación del 26 de julio, cuando se mezclaron dos distintas marchas: una de protesta contra la brutalidad policiaca del día 23 de julio y otra en conmemoración del asalto al cuartel Moncada en Cuba.