Auditor deja abierta puerta a más ceses; separan a responsable de estudio al aeropuerto

CIUDAD DE MÉXICO.

Al asegurar que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es apartidista y apolítica, su titular, David Colmenares Páramo, se comprometió a cesar a cualquier funcionario que por sus intereses personales viole el mandato constitucional de esa institución.

Afirmó ante los legisladores que ya están colaborando en la investigación que la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara realiza en torno a denuncias por presunto conflicto de interés en el que habrían incurrido responsables de revisar el ejercicio de los recursos públicos.

“Y pediré que se cese a todo servidor público que haya actuado con intereses personales en su participación en el proceso de fiscalización y que del resultado de su participación se imputen hechos que obedezcan a un interés político o personal, que se aparten de los objetivos propios de la Fiscalización Superior”, prometió. 

Ése fue el mensaje del funcionario en la comparecencia ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, encuentro que inició con la notificación a los legisladores de que no participaría el auditor especial Agustín Caso que tuvo a su cargo la controvertida revisión de los gastos de deuda del aeropuerto de Texcoco, porque se separó de éste, en tanto se sigue la investigación de las cifras.

Colmenares Páramo se comprometió a esclarecer las discrepancias que se dieron entre el Informe de la Cuenta Pública de 2019 sobre los pasivos de la cancelación de esa obra y los números que el gobierno maneja.

“Efectivamente, hay una discrepancia, que algunos consideran un error, en la auditoría de desempeño”, admitió al confirmar que la revisión entre funcionarios de la ASF y el Grupo Aeroportuario, en representación del gobierno, se inició el domingo y que las mesas de trabajo continuarán hasta ajustar de manera consensuada los cálculos de los pasivos.

Esas previsiones, en su versión original, generaron inconformidad en el presidente López Obrador. Posteriormente, el auditor especial del caso, ahora separado de su cargo, asumió mediante un comunicado que había errores.

“La Auditoría no confronta y mucho menos enfrenta a nadie, en ningún orden de gobierno, a ningún gobierno”, enfatizó.

Dijo que la ASF es un organismo al servicio del pueblo: “Que quede claro que no hay ningún tipo ni de presiones ni de mala fe”.

ASF abrirá nuevos expedientes

En la comparecencia ante diputados, el auditor Gerardo Lozano Dubernard sostuvo que, a diferencia del pasado inmediato, actualmente se tienen claros los casos de corrupción de Agro Nitrogenados y Fertinal.

También adelantó que, en su momento, se presentarán denuncias correspondientes al daño patrimonial en que se incurrió en el sexenio anterior por los casos de Odebrecht, Policía Federal, Diconsa, Sagarpa, Sedatu, el Paso Exprés y las remodelaciones del hangar presidencial, entre otros casos.

Detalló Lozano Dubernard que, derivado de la fiscalización que ha venido haciendo la Auditoría Especial del Cumplimiento Financiero a su cargo, bajo la administración de David Colmenares, se han presentado 84 denuncias de hechos por irregularidades que suman un monto de 14 mil 789 millones de pesos.

Preciso que, en este momento, cuentan con 69 dictámenes técnicos relacionados con diversos daños patrimoniales por un valor de 4 mil 506 millones de pesos. 

Enfatizó que en el caso Agro Nitrogenados la anterior administración de la ASF no había realizado ninguna denuncia.

Enfatizó que también en la Cuenta Pública de 2016 se revisó la compra de las acciones de Grupo Fertinal, presentándose igualmente la conclusión de que no hubo daños, mismo que ahora se ha documentado en detrimento de la empresa del Estado. Y adelantó que el dictamen técnico correspondiente está concluido y la denuncia de hecho habrá de presentarse la próxima semana.

“Nos queda claro a todos que éstas son dos de las operaciones más emblemáticas en materia de corrupción en la administración pública anterior. Estas denuncias tienen un impacto económico importante”, remarcó.

“No omito señalarles el rezago en que se encontró la Dirección General de Inversiones Físicas Federales, ya que entre los años 2013 al 2017, practicó 683 auditorías y únicamente se presentaron 4 denuncias”, dijo.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, el morenista Ignacio Mier Velazco, consideró que ésta deberá actuar para reivindicar la actuación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), “ya que el artículo 74 de la Constitución le faculta para evaluar y controlar sus funciones”.

Concluida la comparecencia en la que el titular de la ASF, David Colmenares Páramo, insistió en que no le interesa “entrar en una arena política”, el coordinador de la bancada de Morena consideró que ante los errores reconocidos en el informe de la Cuenta Pública 2019 se transgredieron los fines de la institución.

El jefe de la mayoría legislativa sostuvo que, una vez que se realice un examen de la actuación de la Auditoría podrá formularse “la hipótesis de causales de gravedad que pudieran implicar la remoción del titular”. Y rechazó que se trate de un juicio sumario.

 Pero enfatizó que debe revisarse el desempeño de los funcionarios de la Auditoría, “sin importar el rango”, a fin de confirmar si incurrieron en actos que pueden configurarse en falta de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, en el desempeño de sus funciones.

“Tal y como lo establece la Constitución, este informe careció de principios de legalidad, de definitividad, imparcialidad y confiabilidad, fueron violentados en la presentación y al reconocimiento explícito del error, se rompió con el principio de legalidad y definitividad”, consideró.