Mucho se ha escrito de cómo las democracias mueren de forma violenta o por el arribo legítimo electoral que luego produce sus efectos devastadores. Pero hoy somos testigos o cómplices por omisión del deterioro silencioso mediante reformas legales, nombramientos discrecionales, concentración de facultades y debilitamiento de los contrapesos. Las instituciones conservan sus nombres, edificios y presupuestos, pero pierden gradualmente aquello que justificaba su existencia: su independencia frente al poder.
El escándalo que hoy sacude al Instituto Nacional Electoral (INE), la renuncia de Guadalupe Taddei y los cuestionamientos sobre su administración, no pueden examinarse al margen de otros episodios de presunta corrupción y opacidad que han marcado a los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación.
El desfalco en Segalmex y los cuestionamientos sobre contratos y concesiones exhiben una contradicción recurrente de la 4T: prometer acabar con la corrupción mientras persisten la discrecionalidad, la opacidad y la concentración del poder.
La investigación académica ofrece elementos para comprenderlo. Stephan Haggard y Robert Kaufman, en The Anatomy of Democratic Backsliding, publicado en 2021, analizaron 16 experiencias internacionales de retroceso democrático.
Identificaron tres mecanismos recurrentes: la polarización política, el control legislativo por parte de los gobernantes y el carácter gradual de los abusos de poder, que divide y desorienta a las oposiciones.
Su conclusión resulta especialmente pertinente: las democracias pueden debilitarse desde sus propias estructuras legales, sin necesidad de suspender formalmente las elecciones.
México ofrece motivos suficientes para examinar esta advertencia. Durante décadas, la construcción de instituciones electorales independientes representó una conquista ciudadana frente a un sistema caracterizado por la concentración del poder.
El entonces IFE, transformado posteriormente en INE, no surgió de la generosidad gubernamental, sino de exigencias sociales, negociaciones políticas y reformas destinadas a garantizar elecciones competitivas.
Por eso, lo ocurrido recientemente merece una evaluación que trascienda las responsabilidades personales. Es decir, la corrupción descubierta es el efecto, la causa, de una nueva clase política.
La reforma de 2024 concentró en la presidencia del INE los nombramientos de altos funcionarios, debilitando los controles colegiados, según consejeros electorales. La Suprema Corte, como era de esperar, desechó la controversia constitucional en 2026 sin pronunciarse sobre el fondo.
Las irregularidades del INE deben investigarse con transparencia. Pero el problema es mayor: cuando los cargos y presupuestos se distribuyen por lealtades políticas y no por capacidad, las instituciones se convierten en patrimonio del poder, favoreciendo la discrecionalidad y la corrupción.
México arrastra décadas de clientelismo e impunidad. Desde una perspectiva crítica, Morena ha reproducido esas prácticas bajo el discurso de la voluntad popular, mientras persisten cuestionamientos sobre la rendición de cuentas. La corrupción no se combate reemplazando élites, sino con instituciones capaces de investigar y sancionar incluso a quienes gobiernan.
Entonces, ¿quién defiende la democracia cuando sus instituciones fallan? La oposición tiene el deber de fiscalizar al poder, pero sus intereses y acuerdos políticos impiden confiarle exclusivamente esa responsabilidad.
La democracia exige ciudadanos que vigilen al poder, reclamen transparencia y denuncien abusos, incluso del partido que apoyan. Cuando las instituciones fallan, confundir lealtad con obediencia nos convierte en cómplices de su deterioro.
Cuauhtémoc Cárdenas nos deja un gran legado y ejemplo de izquierda. Lo que hay hoy en el poder es contra lo que luchó. AMLO nunca acompasó, fue pura ambición y entregó el país al crimen y la corrupción.