Seguridad pública ¿medio o fin?

La seguridad pública no es un fin en sí mismo, sino un medio para garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos. Para lograrlo, los gobiernos democráticos fortalecen la independencia y profesionalización de sus instituciones del Poder Judicial y de las fiscalías de justicia; aprueban leyes y reformas para apuntalar el Estado de derecho; crean policía civil profesional; fortalecen los mecanismos institucionales para rendir cuentas y ejercer el poder de forma transparente, y promueven la participación de los ciudadanos en la cosa pública (prevención del delito, parlamentos abiertos para analizar las reformas y leyes, consultas y referéndum ciudadano, etcétera). Algunos ejemplos son: Dinamarca, Noruega, Canadá, Finlandia, Japón o Chile.

Todo lo contrario se hace en los Estados con democracias debilitadas o regímenes autoritarios, porque el medio se convierte en el fin y la seguridad pública se usa como pretexto para controlar y someter a los gobernados. Esos regímenes se distinguen por aprobar leyes que limitan la libertad de pensamiento, expresión y prensa; controlan la actuación de las organizaciones sociales y políticas; concentran el poder político mediante un partido de Estado o hegemónico; militarizan la policía; usan la coerción de forma prioritaria, por ejemplo, la prisión preventiva oficiosa; no toleran la independencia de jueces, magistrados y fiscales; desaparecen órganos autónomos, ciudadanos o institucionales que representen contrapeso; ejercen el poder sin rendición de cuentas; politizan la justicia y la usan para perseguir a los adversarios políticos y a los periodistas incómodos.

Todo esto ha pasado en México desde el sexenio pasado a la fecha. Luego, por mucha simpatía que produce el secretario Omar García Harfuch por la pasión con la que defiende las leyes relacionadas con la estrategia de seguridad pública, aprobadas por los legisladores del oficialismo en el pasado periodo extraordinario, no podemos dejar de señalar que la concentración de superpoderes otorgada por algunas de esas leyes a su titularidad secretarial, atenta contra la división de Poder y el federalismo; y que la ley del sistema nacional de investigación e inteligencia en materia de seguridad pública, popularmente conocida como Ley espía pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos y puede derivar en la vulneración de sus derechos y libertades. ¿Por qué la SSPC y las instituciones castrenses deben tener acceso total a los datos de todos los ciudadanos que están en poder de instituciones públicas y privadas?

No es una exageración, es lo que a la letra dice la ley, aquí citamos algunos puntos relevantes. Se instalará un Sistema Nacional de Investigación encabezado por el titular de la SSPC, para ello se creará un Centro Nacional de Inteligencia, se instalará un Consejo conformado por los titulares de una docena de instituciones federales, entre ellas la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, las de las FA y Hacienda y, lo más relevante: se creará una plataforma de datos de los ciudadanos: biométricos y telefónicos, registros vehiculares y público de la propiedad y comercio, de servicios financieros y bancarios, de transporte público, de salud, de telecomunicaciones, empresariales y comerciales, de personas morales, etcétera.

¿Quién aportará esos datos? “Todas las autoridades del Estado mexicano y las personas particulares que tengan a su cargo sistemas de inteligencia, bases de datos, registros administrativos(…) de donde se pueda extraer información, indicios, datos y pruebas para la generación de productos de inteligencia para la prevención, investigación y persecución de los delitos(…)” (Art. 24). Lo más aterrador no es saber quiénes están obligados a aportar los datos, sino cómo: por medio de interconexión entre la plataforma y los servidores de las instituciones públicas o privadas. En varios artículos se cita que, en el caso de particulares, se actuará bajo las leyes que protegen los datos personales, sin embargo, desaparecido el Inai, no se dice cuál institución será la responsable y qué sanciones se aplicarán en caso de que estos datos se usen de forma ilegal o facciosa. ¿De verdad los legisladores que votaron a favor, leyeron lo que aprobaron?